La Justicia investiga los contratos del Gobierno con la esposa de Adorni

El juez federal Ariel Lijo firmó una extensa batería de medidas de prueba, para lograr determinar si Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, fue favorecida de manera ilegal por el Gobierno libertario con contratos. 

Asimismo, la causa en la que interviene el fiscal Carlos Stornelli busca esclarecer un entramado societario alrededor de la concesión del predio de Tecnópolis.

Por pedido del fiscal Stornelli, el magistrado consideró necesario tener bajo estudio los contratos para determinar si se concretaron de forma irregular, o como resultado de un sistema amañado, el fiscal solicitó que el juez pida una copia de los expedientes administrativos vinculados a áreas críticas de comunicación.

Entre las medidas de prueba, se ordenó el envío a Comodoro Py de toda la documentación relativa a la concesión del predio de Tecnópolis, con el objetivo de clarificar las condiciones bajo las cuales se firmaron esos contratos.

El 13 de abril, el magistrado firmó una serie de oficios con la finalidad de recolectar información clave, que le permita determinar si hubo un beneficio irregular a favor de la esposa del jefe de Gabinete. Bajo investigación, sin ninguna imputación formulada aún, se encuentran contratos, concesiones del predio de Tecnópolis, soportes tecnológicos, todo se encuentra bajo la lupa.

La denuncia se radicó en el juzgado que Ariel Lijo subroga desde febrero (el que pertenecía al fallecido juez Claudio Bonadio) con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, y es producto de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano. Se busca determinar en este pesquisa la presunta existencia de direccionamiento en licitaciones de mensajería.

Se denunciaron irregularidades en un proceso de contratación de 2025 para servicios de mensajería masiva (SMS, emails y llamadas) adjudicado a la empresa ATX S.A. por 3.650.226.300 pesos.

A su vez, en la presentación se hace referencia a determinados vínculos societarios cruzados: las tres empresas que participaron de la compulsa (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) “tendrían vínculos entre sí”.Por ejemplo, el presidente de Area Tech “fue empleado del presidente de ATX hasta 2022, y varias de estas firmas compartían el mismo domicilio legal en Parque Patricios”.

La justicia federal quiere saber si hubo una posible simulación de competencia, ya que la denuncia sugiere que estas empresas pudieron actuar de manera coordinada para generar una “apariencia de pluralidad en la licitación cuando, en realidad, podrían formar parte de un mismo entramado empresarial”.

¿Cuál es la principal sospecha? Una posible existencia de sobreprecios y a modo de ejemplo se menciona que en otra licitación similar de la Secretaría de Innovación, el precio por SMS ascendió de USD 0,045 a USD 0,076 por unidad.

La denuncia de la diputada Pagano sugiere un esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, ya que la consultora +Be es una empresa de Bettina Angeletti y “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.

​Entre sus clientes más relevantes figuran el Grupo Foggia (vinculado a la concesión de Tecnópolis) y el Grupo Datco (proveedor de AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otros).

También sería relevante el vínculo con YPF. La denuncia indica que National Shipping S.A., una naviera contratista de YPF por sumas millonarias, “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”, dice el texto judicializado.

Sobre el tema puntual de mensajerías el juez Ariel Lijo pidió: contratos, costos de los mismos. En ese sentido se pidió que se remita al juzgado una copia íntegra de los expedientes administrativos y la documentación anexa relativa a los procesos de compra de provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; a la contratación del servicio de paquete de SMS para envíos masivos; provisión de mensajería SMS masiva; implementación y soporte técnico para las herramientas jira/confluence y servicio de envío de correos transaccionales.

Como resultado del entramado societario que se investiga, Lijo pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) para poder avanzar en la identificación de los verdaderos beneficiarios de las contrataciones cuestionadas. Se requirieron los legajos societarios de siete firmas tecnológicas: Area Tech S.A., ATX S.A. y Movilgate S.R.L, Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A.

¿Qué quiere saber la justicia federal? La posible existencia de vínculos entre los accionistas de estas empresas y funcionarios públicos, así como confirmar si se trata de estructuras corporativas utilizadas para la cartelización de servicios de software.

Hay más contratistas que están bajo la lupa. El oficio firmado hace tres días, incluye a la IGJ no sólo los legajos de las empresas DATCO SA, National Shipping SA y FOGGIA GROUP SA, y que se informe si son contratistas del Estado Nacional y en cuyo caso se acompañen todas las constancias vinculadas a los procesos en los que resultaron adjudicatarias.

​La concesión de Tecnópolis

También está bajo estudio el proceso para concesionar el predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio valuado en aproximadamente 183,3 millones de pesos.

​La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que gestiona este proceso, “depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Adorni”.

Cuando fue citada a ratificar la denuncia, Pagano indicó ante el juez Lijo que se sospecha de la vinculación entre el funcionario y empresas interesadas que son clientes de su entorno familiar.

En consecuencia, la denuncia se dirige inicialmente contra: ​Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), ​Bettina Angeletti (titular de la consultora +Be) como así también contra directivos de las empresas involucradas (Rubén Santiago Ward, Pablo Javier Casal, Rodrigo Páez Canosa, Marcelo Dionisio) y la asesora Mara Natalia Gorini.

​Las sospechas penales incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la fiscalía considera que es importante reconstruir la ruta de los proveedores. Por ese motivo se solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que a través de la Oficina Nacional de Contrataciones informe si las firmas de gran escala como Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado Nacional.

La Justicia exigió que se adjunten todas las constancias de los procesos en los que estas empresas resultaron adjudicatarias, para determinar si las licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se trataron de “ventanillas” de negocios diseñadas para el beneficio de proveedores específicos.

La investigación no está delegada en el Ministerio Público, por ese motivo las medidas pedidas por Stornelli sólo se materializarán si las ordena el juez Ariel Lijo, quien también investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito aunque esa causa sí se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

Fuente: diario Clarín