Procesaron al exministro bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de dinero

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por el delito de lavado de dinero y le embargó los bienes por la suma de $350.000.000.

También fue procesado, sin prisión preventiva, Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, un hombre que respondía a D’Onofrio.

Entre las maniobras de lavado, el juez destacó la compra de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asensio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, dice la resolución.

Para justificar la supuesta compra de ese vehículo, Asensio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, a nombre de sus padres.

En noviembre de 2024, cuando la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia del juzgado de Campana, Asensio simuló una venta a otra persona. “La operación de pago se efectuó en el Hotel Sheraton de Pilar, lugar donde oportunamente se realizaron allanamientos en la financiera Token Capital S.A. y la peluquería Hairspray SA”, destacó el juez. Ambas firmas estaban vinculadas al entorno de D’Onofrio.

En la causa de lavado, González Charvay venía acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Algunos de los datos llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana al ex ministro, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho. Tras el escándalo, las sociedades se disolvieron rápidamente.

D’Onofrio también viene siendo investigando por la Justicia provincial. En ese expediente, el fiscal Alvaro Garganta punta al funcionamiento irregular del sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al gabinete de Axel Kicillof, contaba con la participación de varios jueces de faltas.

Un testigo de identidad reservada declaró ante la Justicia que Claudia Pombo se reunía con esos jueces en la sede del Ministerio de Transporte. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela. El mismo testigo apuntó a otros funcionarios de esa cartera que tenían la potestad de borrar multas en grandes cantidades. Un negocio millonario.

Otro testigo, según reveló LA NACION en su momento, acusó a la concejal de Pilar, actualmente con licencia, de recibir “sobres con dinero”de parte de Cecaitra, una asociación civil que tiene cámaras en varios municipios. El testimonio detalló que los pagos se enviaban al Museo Ferroviario, en Libertador y Suipacha (en la zona Retiro). Pero también había entregas en “una estación de servicio, en un restaurante y una confitería.

Otra rama de investigación tiene que ver con irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). Ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que habrían tenido participación ex funcionarios de la cartera de Transporte.

El fiscal platense Garganta también investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Hace unos meses le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. Además del ex ministro, en el listado aparecen la exconcejal Pombo, el exjuez Quattrocchi y otras cinco personas.

Hace un mes, el juez federal de Campana desactivó una maniobra para que la causa de lavado pase a la Provincia. El objetivo de esa maniobra, impulsada por el ex ministro, era concentrar todo en un juzgado y luego decidir sobre el futuro de la investigación por el millonario negocio de las fotomultas.

Fuente: diario La Nación