Alberto Fernández fue procesado en la causa Seguros

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros durante su gestión. Se le imputa el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en el marco del expediente donde se busca determinar un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios.

El magistrado también dispuso procesar al empresario del sector asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y a su pareja, María Cantero, exsecretaria del otrora presidente de la Nación. Además, resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y de exintegrantes del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria.

Entre las pruebas fundamentales que se incorporaron a la causa se destaca un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Presentado en mayo, el documento, de 662 páginas, revela que el expresidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. La última, el 4 de diciembre de aquel año, días antes de asumir la Presidencia de la Nación.

La defensa de Fernández y de Martínez Sosa aseguran que la facturación estaba relacionada a un servicio que le brindaba el exmandatario al broker de seguros, que consistía en realizar un informe sobre la coyuntura política y económica del país, todo esto mientras se encontraba fuera de la función pública. El exmandatario también tenía como clientes a dos sindicatos y a empresas.

Inicialmente, la causa recayó en el juzgado que en aquel entonces estaba bajo la tutela de Julián Ercolini. En febrero, vencida la subrogancia y luego de haber culminado la etapa de indagatorias, cuando el magistrado se disponía a definir si procesaba o no a los imputados, el juzgado pasó a manos de Casanello.

Desde aquel momento, el magistrado decidió revisar el expediente y solicitó nuevas medidas de prueba. Además, profundizó la investigación para recabar nueva información. En ese marco, el expresidente se presentó la semana pasada para ampliar su indagatoria, dado que la primera vez que brindó testimonio había sido en noviembre del año pasado, ante el juez Julián Ercolini, recusado por su defensa.

El exmandatario arribó a Comodoro Py cerca del mediodía y estuvo por más de dos horas. Allí amplió su declaración indagatoria y, por primera vez, respondió preguntas del juez y del fiscal.

En ese contexto, argumentó que la imputación “no es clara, precisa, ni circunstanciada”. Además cuestionó el objeto de la denuncia al señalar que el presunto delito, que consistiría en la firma del Decreto Nro. 823/2021, “lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal”.

El exmandatario negó haber estado involucrado en ninguna maniobra que tuviera por objetivo perjudicar el patrimonio estatal y pidió por una resolución de la justicia “que sea independiente de presiones externas”.

Fuente: Ámbito