Juicio por YPF: Argentina aceptó entregar información sobre el oro del Banco Central

Finalmente, la Argentina entregará en febrero toda la información sobre las reservas de oro y otros activos, y a mediados de marzo deberá finalizar ese proceso. Esto responde a una exigencia de la magistrada que lleva adelante el proceso por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

A su vez, el pedido de Preska respondía a un reclamo de Burford Capital, el fondo buitre -que cuenta con un a su favor- busca cobrar la condena por US$ 16.000 millones y presiona para ir contra activos argentinos institucionales como los que custodia el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación y la propia YPF, entre otros. Desde que la jueza emitió el fallo hace 16 meses, los intereses sumaron más de US$ 1.000 millones.

La semana pasada la magistrada que lleva el caso volvió a hacer un reclamo para que el Gobierno brindara información sobre bienes y cuentas bancarias del Estado en el país y en el exterior. La advertencia de Preska al país: “La Argentina invirtió demasiado tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos”.

Días atrás, en diálogo con Clarín, Maril explicó: “Los acreedores quieren datos sobre todos los activos que la Argentina tiene en el exterior y pueden ser pasibles de embargos, como el oro, pero también cuentas bancarias. Ni el oro ni las cuentas de diplomáticos o de embajadas son embargables si no se utilizaron con fines comerciales; pero si lo hicieron, entonces sí se podrían embargar”.

Por ejemplo, si el oro fue utilizado en parte como garantía del Repo al que el país acaba de acceder con bancos internacionales para obtener US$ 1.000 millones y reforzar sus reservas, entonces pasaría a quedar a tiro de embargo.

El experto en la materia, Sebastián Maril, analista de Latam Advisor, publicó en la mañana del jueves el paper que da cuenta de qué información (y en qué fecha) tiene que presentar la Argentina.

Con los datos que brinde la Argentina sobre sus activos, los beneficiarios del fallo quedan habilitados a analizar y presentar a la jueza un listado de lo que ellos consideran “embargable”. Luego, llegado el caso de tener que avanzar sobre un embargo, Preska será quien finalmente indique sobre qué activo se avanzará.

La hoja de ruta

El 7 de febrero, el país deberá entregar información sobre las cuentas bancarias que el Estado tiene en la Argentina. Además, deberá solicitar mensajes SWIFT de cuentas diplomáticas, consulares y militares fuera de Argentina y Estados Unidos a instituciones financieras de terceros

El 21 de febrero, el Gobierno se compromete a relevar datos sobre las cuentas que puedan tener embajadas, consulados y fuerzas de seguridad fuera de Argentina y Estados Unidos.

El Gobierno se comprometió a que el 28 de febrero completará la entrega sobre la ubicación del oro del Banco Central (BCRA). Lo hizo en el marco de la causa por la expropiación de YPF y tras la orden de la Justicia de EE.UU. para que cumpliera con un reclamo de los beneficiarios del fallo.

El 14 de marzo es la fecha límite para completar toda la información pedida.

Juicio YPF: un reclamo histórico

El caso se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino nacionalizó la petrolera estatal. En 2015, el fondo Burford Capital, que cotiza en la Bolsa de Londres, compró los derechos de litigio por la expropiación de YPF en la Justicia de España, donde radicaba la quiebra de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi) y Eton Park.

Como los acreedores no ven voluntad de pago, realizaron múltiples demandas para embargar las acciones que el Estado nacional tiene en YPF (que multiplicaron por 4 su valor en 14 meses); los activos de Energía Argentina (Enarsa) como las centrales termoeléctricas, el ex gasoducto Néstor Kirchner y las hidroeléctricas; los activos del Banco Nación y las reservas del Banco Central.

En un nuevo revés para la Argentina, Preska dio lugar hace unos 15 días a que los demandantes puedan iniciar embargos a partir de ahora contra el país, como ya ocurrió con la Fragata Libertad en 2012 y los pagos de deuda retenidos en Nueva York en 2014 por orden del juez Thomas Griesa.

Fuente: diario Clarín