Cannabis medicinal: las ONG elevaron una serie de reclamos a las autoridades nacionales

Esta semana un grupo de ONG vinculadas al uso medicinal de cannabis mantuvieron una reunión virtual con autoridades nacionales del Reprocann (Registro del Programa Cannabis).

Desde hacía varios meses venían solicitando un encuentro, particularmente, desde agosto cuando fue publicado el decreto 3132 que modificó la normativa vigente.

Karina Romanelli, de la ONG Cultivo Mi Medicina, enumeró esta mañana en diálogo con Radio Altos los pedidos que les elevaron a las autoridades nacionales y se mostró esperanzada en que el gobierno de Javier Milei responda de manera positiva a esos planteos.

Uno de los temas que expusieron es la necesidad de quitar la obligatoriedad de que profesionales de la salud cuenten con maestrías o diplomaturas para poder recetar a sus pacientes cannabis. 

En Argentina, recalcó, no existen maestrías, sí diplomaturas. Y agregó que desde que está vigente la ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados fueron las organizaciones civiles las que formaron a los profesionales. 

“Que pidan tener una diplomatura genera un cuello de botella grande porque hay muchísimos profesionales capacitados, pero no cuentan con un título de diplomatura”, recalcó.

Otro de los reclamos que elevaron durante la reunión fue el retraso en la aprobación de pedidos para ingresar a Reprocann. Señaló que están “frenados” desde octubre de 2023. “Pedimos que se aprueben esas solicitudes porque es inconstitucional lo que están haciendo”, subrayó.

Según indicó, las autoridades nacionales se mostraron abiertas a los planteos y se comprometieron a analizarlos. 

“Nos pidieron que hagamos las propuestas escritas. Por ahí esta gente no sabe cómo se formó el movimiento cannábico y cómo trabajamos las organizaciones”, expresó y admitió que el motivo por el cual se avanzó con cambios en la normativa que generan complicaciones a las y los pacientes que usan cannabis podría responder a una cuestión de ignorancia.

Asimismo, precisó que reclamaron la eliminación de la solicitud de Antecedentes Penales de las organizaciones civiles, teniendo en cuenta que muchas comenzaron a trabajar en territorio en 2014 y la ley recién se aprobó en 2017 y se reglamentó en 2020. “O sea que nosotros entre 2014 y 2020 estuvimos cultivando bajo la ilegalidad por eso a lo largo y ancho de todo el país hay un montón de gente que tiene causas por cannabis porque no teníamos una ley medicinal como la tenemos ahora”, explicó.

Y, por último, solicitaron que a las ONG les permitan tener más de 150 asociados. Esa cifra límite se incorporó con el decreto de agosto del año pasado.

“En el caso de nuestra ONG somos alrededor de 350 usuarios. ¿Cómo hacemos para dejar a 150 personas y al resto decirle que no vamos a poder brindarle ayuda?”, se preguntó.

Sobre la situación local, destacó que en cuanto a investigación las ONG siguen trabajando en conjunto con el CONICET y al describir cómo se encuentran las organizaciones civiles, dijo que se les hace “cuesta arriba” poder cubrir todos los gastos. “Necesitamos el apoyo del Municipio”, remarcó y contó que están dialogando para poder recibir algún tipo de subsidio.