Veto a la emergencia: “Es un acto de crueldad institucional”

El concejal radical Pablo Daguerre fue el primer dirigente político local que se refirió a la decisión del gobierno nacional de vetar la ley que había declarado la emergencia para Bahía Blanca tras la inundación del 7 de marzo.

En un comunicado rechazó de manera enfática el veto presidencial y afirmó que se trata de una muestra clara de insensibilidad política y desapego al drama humano que vivieron y viven miles de familias afectadas por el temporal.

“Mientras la comunidad bahiense aún lucha por recuperarse, el Ejecutivo Nacional decide dar la espalda a una herramienta legal que fue aprobada democráticamente por el Congreso y que buscaba llevar alivio y respuestas concretas”, aseveró.

Además, cuestionó que el veto no corrige posibles defectos formales como la falta de especificación sobre las fuentes de financiamiento que indica la Ley 24.156 y tampoco ofrece alternativas para atender la emergencia.

No dudó en subrayar que el veto no es solo un error, sino que se trata de una provocación, una falta de respeto y una agresión directa a Bahía Blanca y su gente.

En último lugar, exigió al gobierno de Javier Milei la inmediata rectificación de la decisión, que tildó de arbitraria, injusta y humillante, y llamó a todas las fuerzas políticas, sociales e institucionales de la región a levantar la voz “frente a este atropello”.

A continuación el comunicado completo:

“El concejal radical en el bloque de Juntos, Pablo Daguerre, expresa su más enérgico y enfático rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de vetar la Ley de Emergencia aprobada para asistir a Bahía Blanca, tras el trágico temporal que azotó a nuestra ciudad y la región.

El veto es una muestra clara de insensibilidad política y desapego al drama humano que vivieron y viven miles de familias afectadas por la catástrofe climática. Mientras la comunidad bahiense aún lucha por recuperarse, el Ejecutivo Nacional decide dar la espalda a una herramienta legal que fue aprobada democráticamente por el Congreso y que buscaba llevar alivio y respuestas concretas.

Lejos de corregir posibles defectos formales —como la falta de especificación sobre las fuentes de financiamiento que indica la Ley 24.156, el Gobierno optó por borrar de un plumazo una ley necesaria, como la ley 27.790 sin ofrecer alternativas reales ni urgentes para atender una emergencia que no admite demoras.

Este veto es un acto de crueldad institucional. Se rechaza no solo una ley: se rechaza el sufrimiento de una comunidad entera.

No se puede gobernar un país desde la indiferencia, vetando leyes votadas por representantes del pueblo y dejando a una ciudad entera librada a su suerte. El veto a esta ley no es sólo un error: es una provocación, una falta de respeto y una agresión directa a Bahía Blanca y su gente.

Exigimos la inmediata rectificación de esta decisión arbitraria, injusta y humillante, y llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales e institucionales de la región a levantar la voz frente a este atropello”.