Vecinos van al Concejo Deliberante e insisten con que “el comodato significó una privatización”

El “Colectivo Abrazo a la Colonia Agustín de Arrieta” hará uso este jueves de la Banca 25 en el Concejo Deliberante y ratificarán que el contrato firmado entre el intendente y la Fundación Fundemos para la gestión de la colonia es una “privatización”.

Enrique Gandolfo, gremialista y miembro del grupo, aseguró en Radio Altos que “sospechábamos que iba a ser después de las elecciones. Vamos a tratar de decir las cosas que venimos comunicando desde hace tiempo”.

En ese sentido, consideraron que el cuerpo deliberativo “es el ámbito apropiado para esta manifestación por ser el lugar donde se convalidó el decreto de Héctor Gay”.

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Gandolfo detalló cuáles serán los principales ejes que retomarán en el discurso que tendrá lugar este mediodía en el recinto de Sarmiento y Estomba.

Uno de ellos, es en relación a la historia del lugar en Sierra de la Ventana que fue fundado en 1934 por la Municipalidad, con el objetivo de brindar servicios recreativos y educativos a los niños. “Pone de manifiesto el vínculo de orígen entre la colonia y las escuelas”.

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“Buscamos recordarles que se firmó en aquel entonces una ordenanza para comprar el terreno para ser destinado al alumnado del partido de Bahía Blanca, respondiendo a un pedido de las cooperadoras de ese entonces”, sostuvo Gandolfo.

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El gremialista también cuestionó el argumento utilizado por el intendente Gay para justificar la “privatización” del espacio. “Vamos a resaltar la falacia original con que se intentó legitimar el decreto”, anticipó.

“El argumento más fuerte era la imposibilidad de seguir sosteniéndola en términos económicos, pero desde aquel momento hasta hoy se ejecutaron tres subsidios con fondos públicos para Fundemos. Entonces sí había plata para el financiamiento”.

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Gandolfo también denunció que el contrato firmado entre Gay y la agrupación scout cordobesa tiene “un vicio de objeto que lo debiera hacer nulo”. “El contrato otorga al comodatario facultades exorbitantes por las cuales pueden cambiar el contrato en el momento que ellos quieran”. Y cuestionó: “¿Quién cede ese derecho en un contrato?”.

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Como último punto a resaltar, cuestionó la modificación al contrato firmada el 18 de julio pasado por el jefe comunal, en la que se dictaminó una adenda del contrato. “No sabemos qué se modificó y nunca fue comunicado”.

En tanto, concluyó sus críticas reiterando la idea de que el contrato fue una “privatización”.

“Si juntamos todos los datos, nos da una idea de la forma liviana con que se llevó adelante el tema, pensando que nadie le iba a dar pelota nunca e iba a suscitar el movimiento que generó esto que entendemos como una vulneración de derechos”, finalizó.