El intendente recibió hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, quien cuestionó la falta de presupuesto para el sector.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, fue recibido hoy por el intendente Federico Susbielles para firmar un convenio que permita a Bahía Blanca ser una “Ciudad Judicial”, una discusión que lleva discutiéndose hace años.
“Tuve el honor de recibir en la ciudad al Dr Daniel Soria, presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, para llevar adelante una agenda de trabajo en conjunto. Fortalecer al sistema de justicia en la ciudad y al sistema de planeamiento, es clave de cara al futuro”, señaló el jefe comunal en sus redes sociales.
Tuve el honor de recibir en la ciudad al Dr Daniel Soria, presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, para llevar adelante una agenda de trabajo en conjunto.
— Federico Susbielles (@fsusbielles) November 8, 2024
Fortalecer al sistema de justicia en la ciudad y al sistema de planeamiento, es clave de cara al futuro. pic.twitter.com/0A3cWOfkEU
Por su parte, Soria planteó que “estamos iniciando las gestiones para que un predio muy importante, en un futuro pueda alojar un buen equipamiento judicial y poder brindar un servicio de justicia más adecuado y confortable para la gente, de calidad”.
El principal inconveniente es la falta de presupuesto para poner a punto el proyecto. Vale recordar que el dinero asignado para el Poder Judicial en el Presupuesto 2024, prorrogado del 2023, fue de de algo más de 257.550 millones de pesos.
Además, participamos en el conversatorio "Aspectos jurídicos del planeamiento urbano", donde reflexionamos sobre los desafíos legales en la planificación de nuestra ciudad. pic.twitter.com/uMtMCTxZeE
— Luis Calderaro (@lulycalderaro) November 8, 2024
Así las cosas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense se quejó del presupuesto asignado al área y advirtió que si obtuvieran mejores y mayores recursos podrían afrontar con mayor celeridad las demandas de los vecinos.
En tanto, para para la Administración de Justicia, el dinero girado por el poder Ejecutivo fue de $169.843.422 y para Ministerio Público fue de $87.710.170.