Rosario: murió la joven baleada junto a su madre en una parada de colectivos

Virginia Ferreyra, profesora de danzas árabes, falleció la madrugada de este sábado, después de luchar por su vida desde el 23 de julio cuando fue baleada junto a su madre Claudia Dedebbio (quien murió casi en el acto) cuando esperaban el colectivo en el Parque del Mercado, en el sur de Rosario. Las dos mujeres se encontraban en ese lugar, donde apareció una banda narco y comenzó a disparar a las personas en la calle.

Este ataque contra las dos mujeres que esperaban el colectivo se inscribió, según la fiscalía de Rosario, en que los narcos buscaban irradiar terror en esa zona. Y lo consiguieron matando a dos personas que nada tenían que ver con esa trama. Unos minutos después de conocerse el fallecimiento de Ferreyra, una menor de 14 años fue asesinada por sicarios, lo que elevó la cifra de homicidios en Rosario a 2018 en lo que va del año.

El 23 de julio aparecieron dos autos, un Peugeot 308 y un Chevrolet Corsa, desde donde en un principio comenzaron a disparar contra la torre 11 de los monoblocks. Uno de los tiradores se dio vuelta y les preguntó a las mujeres: “Ustedes qué miran”. Madre e hija se quedaron inmóviles por el miedo. Lautaro Cortez comenzó a disparar a mansalva. Claudia murió casi en el acto. Virginia terminó gravemente herida. La operaron tres veces desde ese día y este sábado falleció en la sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

De acuerdo con lo declarado por el fiscal Patricio Saldutti en la audiencia imputativa, se sospecha que René Ungaro, preso en el penal de Ezeiza, pagó para que Fernando Cortez, de 45 años, y su hijo Lautaro dispararan “con el fin de causar temor en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto para asegurar el territorio”.

Lo llamativo es que se analiza si una de las armas que se usó –según señalaron fuentes judiciales– en este doble asesinato fue la misma que se disparó el domingo 4 de septiembre pasado contra el frente del Centro Municipal de Distrito Sur, de Uriburu y Buenos Aires. Los Cortez fueron detenidos el 8 de setiembre pasado. Podrían haber participado también en el ataque al edificio municipal, según se desprende de un testimonio clave en la causa. A simple vista no parece haber relación entre un hecho y otro salvo por la conmoción que se quería generar.

Cuatro días antes de que balearan el Centro Municipal de Distrito Sur habían lanzado piedras contra las puertas y ventanas, con el objetivo de llamar la atención para que no pasaran desapercibidos los papeles con amenazas que habían dejado los atacantes. Esos mensajes estaban dirigidos a los fiscales Matías Edery y Pablo Socca. Los panfletos no solo aparecieron en ese edificio municipal sino también en otras dependencias, como la Agencia de Investigación Criminal, el Pami II y en el hospital de Niños Zona Norte, en el otro extremo de la ciudad.

Amenazas en la ciudad

La fiscal Valeria Haurigot imputó el viernes de la semana pasada a dos jóvenes que quedaron presos: Juan Manuel Santa Cruz, de 26 años y Leonel Denis, de 19. En la investigación se detectó que en el plan participaron más personas. Las cámaras de seguridad registraron que dos mujeres llegaron en moto hasta la sede de la Agencia de Investigación Criminal el 31 de agosto, donde dejaron 21 hojas A4. En los papeles quedó la huella de Santa Cruz, que no había distribuido los panfletos pero que había estado a cargo de preparar las amenazas, que también se dejaron en una bolsa en la puerta de un canal de televisión.

Santa Cruz fue detenido en un aguantadero en Molino Blanco, sur de Rosario. En esa casa se secuestraron varias armas y municiones, entre ellas, la ametralladora casera que se usó para dispararle al policía Gabriel Sanabria el 27 de mayo pasado, que fue herido de diez disparos y estuvo en grave estado hasta que logró recuperarse. El ataque al suboficial no tuvo ninguna lógica por fuera del móvil de causar conmoción. En esa casa de Molino Blanco fue detenido otro de los integrantes de la llamada banda de “Los Picudos”, conformada en su mayoría por menores de edad.

“Los panfletos no fueron una amenaza simple, sino que hay un intento de amedrentar y manejo de información. Sobre la relación con otras causas y otras bandas, debemos esperar el resultado de la extracción de los datos de teléfonos que hemos extraído”, señaló la fiscal Haurigot.

La panfleteada narco se produjo horas después de que finalizara una audiencia en el Centro de Justicia Penal contra 32 integrantes de una banda que copó barrio el barrio Ludueña y parte de Empalme Graneros. Días antes se habían ordenado por parte del MPA y del fiscal federal Javier Arzubi Calvo una serie de allanamientos en esa zona fracturada por la violencia.

El grupo apuntado por la Justicia fue el que dirige desde la cárcel Mauro Gerez, un soldado de “Los Monos”, que pretende ganar espacio en el territorio a los tiros. Su rival Francisco Riquelme, también preso, jugaría para la banda de Alvarado.

Todo este contexto atravesado por crímenes como el de Claudia Deldebbio y su hija Virginia, y la ola de amenazas y ataques contra edificios públicos está perforado por peleas entre bandas que ya no dirimen sus conflictos entre ellos a los tiros, sino que necesitan generar conmoción pública.

“Lo que queda claro es que estos grupos operan con la agenda pública. Quieren estar en los medios, porque esa aparente fama de mafiosos les da mayor poder en los territorios y además los ayuda a mantener las lealtades desde la cárcel, donde a muchos les cuesta seguir con el liderazgo de los grupos criminales”, advirtió Haurigot.

En las causas judiciales se ve con frecuencia el interés de los integrantes de las bandas narco por aparecer en los medios, que utilizan para escalar en jerarquía dentro del mundo criminal. Esta dinámica basada en el terror lleva a que aumenten los niveles de violencia, con blancos que están por fuera de ese universo, como los edificios púbicos y los fiscales.

Fuente: diario La Nación