La Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó la apelación y confirmó la sentencia de pago de la indemnización.
El Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Gran Bretaña no dieron lugar a una apelación presentada por el Gobierno y le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, por lo que Argentina deberá abonar u$s1330 millones de indemnización.
El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que afectó en 2013 a los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010.
En diciembre pasado los acreedores pidieron ejecutar la garantía y que en enero el Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña aprobó la petición de los acreedores y autorizó al fideicomisario a “exigir el pago en virtud de la carta de crédito y distribuir cualquier dinero recibido”, reveló un documento del Bank of New York Mellon (BNY).
Según ese mismo documento, el 20 de enero de 2025, el fiduciario envió una demanda de pago en virtud de la Carta de Crédito a Banco Santander S.A. por la suma de 313.876.449,80 euros [€313,9 millones].
“Los fondos, que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de la valuación de los bonos, demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global de u$s670 millones. Alegaron que la Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos. La República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido”, dijo el Gobierno cinco meses atrás.
Este medio volvió a consultar a la Procuración acerca de la repercusión sobre la ejecución de la garantía, pero dijeron que “no hay comentarios” por el momento.
Cabe resaltar que, en marzo de 2024, el Gobierno creó por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina″, en Nueva York, para constituir a través de este instrumento una garantía por u$s337 millones.
El juez británico Stephen Phillips dijo cuando pidió la garantía para apelar: “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”.
El cupón atado al PBI es un instrumento financiero por el cual Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035.
Según analistas, se usó como forma de obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.
Fuente: diario Ámbito