Estas medidas estarán vigentes hasta que se realicen los nombramientos correspondientes para cubrir las vacantes existentes.
La Fiscalía General de Bahía Blanca tomó medidas de reorganización provisoria debido a las numerosas vacantes de cargos de Agente Fiscal que impiden continuar con el esquema organizacional establecido.
Estas medidas estarán vigentes hasta que se realicen los nombramientos correspondientes para cubrir las vacantes existentes.
Mediante la Instrucción General N° 183, se han establecido las siguientes medidas de forma transitoria y excepcional:
a) Cese temporal del ingreso de causas a las Unidades Fiscales de Instrucción y Juicio (UFIJ) 7 y 8. Además, se reasignarán las causas en trámite de las UFIJ 2 y 8 a la UFIJ N° 7. De esta manera, la UFIJ N° 7 continuará las investigaciones en curso que no se encuentren especializadas por el tipo de delito.
b) Las nuevas causas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la instrucción serán asignadas a la UFIJ N° 2, la cual identificará tempranamente los hechos denunciados y tomará las medidas correspondientes. Esto incluirá determinar si los hechos no constituyen delito, si se desconoce la identidad de los autores o si es posible aplicar mecanismos alternativos de mediación y conciliación penal.
Posteriormente, las denuncias restantes serán remitidas a la UFIJ N° 7 para su investigación y, en caso necesario, promoción de la acción penal.
Con esta selección, se reducirá el número de Unidades Fiscales de Investigación, transformando una de ellas en una Unidad de identificación temprana para gestionar prontamente los casos que no constituyen delito, casos con autores desconocidos o aquellos que puedan ser resueltos mediante alternativas al proceso penal.
c) Además, se redistribuirán de manera equitativa los debates de juicio oral y público entre los fiscales, estableciendo un sistema de prioridades en la investigación de delitos no asignados a unidades especializadas. Estas prioridades se basarán en el mayor daño social, la pluralidad de víctimas, las víctimas en situación de vulnerabilidad y la reiteración delictiva, prestando especial atención a los delitos contra la integridad física.