El abogado ambientalista Gonzalo Vergez aseveró que se trata “del mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente”.
El coordinador del área legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Gonzalo Vergez, se pronunció de manera muy crítica sobre el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que hoy será debatido en el Senado, impulsado por el gobierno nacional y algunas provincias.
“Estamos ante un punto de inflexión en la protección de nuestros bienes comunes porque de prosperar esta reforma se formalizaría el mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente”, aseveró. Habló, en ese sentido, del inicio de la destrucción de los glaciares y del ambiente periglaciar argentino.
Recordó que la norma que se pretende modificar es mundialmente reconocida y que fue sancionada para preservar las reservas sólidas de agua dulce contenidas en masas de hielo, que permanecieron millones de años en esos espacios. Sin embargo, hoy se está poniendo en absoluto riesgo.
Opinó que el proyecto de reforma es asombrosamente infundado e inconstitucional, y advirtió que es promovido solamente por un puñado de grandes empresas mineras, que son los verdaderos artífices de lo que denominó “engendro” y que lo efectivizan a través de sus testaferros, que, denunció, son quienes ocupan los máximos cargos políticos de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.
En la vereda de enfrente, enfatizó, hay una multiplicidad de argumentos para que la ley efectivamente siga vigente como está, cumpliendo muy bien su rol.
Agregó que Argentina está yendo en contra de la comunidad científica internacional que, el año pasado, desde la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial, definió al 2025 como el año internacional de la conservación de glaciares: “Cuando el mundo los protege, nosotros los ponemos en riesgo”.
Y sumó que a principios de 2026, la Organización de las Naciones Unidas declaró la bancarrota hídrica: “Es decir, no hay mucho más recurso, teniendo en cuenta que las reservas de agua potable son muy pocas”.

El abogado ambientalista aclaró que la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares avanza en su debate parlamentario sin dictámenes técnicos ni jurídicos. “No es que en Argentina no existiera minería, lo que se pretende ahora es profundizar la minería en un sector muy pequeño de la cordillera que representa apenas el 1%. Debajo del sector del área periglaciar supuestamente hay tierras raras, cobre, oro, y para sacar esos minerales hay que destruir el glaciar”, advirtió.
Rechazó el argumento de que el desarrollo minero generará grandes beneficios para las provincias y sus poblaciones, y puso como ejemplo el caso de Catamarca que tiene tiene explotaciones mineras, sin embargo, mantiene los peores índices de pobreza del país. “Los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo”, subrayó.