El legislador porteño Gabriel Solano ratificó la marcha del 20 de diciembre convocada por la Unidad Piquetera.
Para el diputado porteño Gabriel Solano el protocolo antipiquete que anunció ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene un único objetivo: “meter miedo para que la gente no proteste”.
“Ha hecho un acto de intimidación pública y teniendo en cuenta la legislación vigente no tiene facultad legal para hacer lo que dijo. El derecho a la protesta está resguardado por la Constitución Nacional”, remarcó el legislador en diálogo con Radio Altos.
Planteó que si la funcionaria nacional quiere suspender derechos constitucionales, la única vía que tiene es pedirle al presidente Javier Milei que envíe al Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de sitio.
En el marco del plan de ajuste que puso en marcha la administración nacional enfatizó que es “inevitable” que haya protestas y aclaró que no solo ocurre en Argentina sino que en cualquier país del mundo. “El combustible aumentó 80% en 15 días, vamos hacia aumentos de tarifas, quieren quitar la movilidad jubilatoria, están discutiendo el despidos de empleados públicos, el dólar duplicó su valor y eso tiene un impacto inflacionario enorme. Cuando pasa esto es inevitable que haya protestas. ¿Cómo va a soportar el pueblo semejante hecho sin decir nada?”, se preguntó.
Solano insistió en que la presentación de ayer de Bullrich fue una especie de intimidación pública y consideró que no podrá aplicar ese protocolo antipiquete porque estaría violando la legislación vigente.
“Lo que hace es meter miedo para que la gente no proteste. Es un hecho de intimidación”, denunció.
Y defendió el derecho a la protesta: “ No se puede negociar, hay que hacer uso de ese derecho para defender a otros derechos que existen como el derecho al trabajo, a comer, a tener servicios básicos en las viviendas”.
Por último, ratificó la marcha a la que convocó la Unidad Piquetera para el próximo 20 de diciembre y estimó que participarán más de 50.000 personas.
“Hay un derecho y eso no lo puede negar una ministra, no tiene facultades para eso; si intenta violar un derecho consagrado en la Constitución Nacional habrá que discutir si puede permanecer en el cargo”, argumentó.
Y concluyó: “Milei era libertario y antiestado y ahora niega la libertad y se reserva el derecho de decir que las marchas a favor del gobierno si y las que son en contra del gobierno no. Un gobierno que está aplicando un ajuste gigantesco, con una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a los sectores empresariales. Lo único que quieren es intimidar al pueblo y no lo van a lograr”.