Presupuesto 2025: advierten sobre una profundización del desfinanciamiento de políticas de género

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género analizó el Presupuesto 2025 que elaboró el gobierno de Javier Milei y concluyó que hay una distribución injusta de los recursos para mujeres, niñas y adolescentes. 

Afirman que se mantienen y amplían las reducciones presupuestarias observadas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género.

Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA, señaló esta mañana en diálogo con Radio Altos que para algunos programas directamente no habrá fondos durante 2025 y en otros casos se registra una importante baja presupuestaria. 

“Lo que vemos es que el proceso que comenzó este año de desfinanciamiento de las políticas destinadas a reducir las desigualdades de género se consolida en el proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y esto deja a las mujeres y diversidades, a niñas y adolescentes de Argentina en una situación de mayor desprotección, con muy pocas herramientas para poder intentar vivir una vida libre de violencia”, alertó.

Dijo que se plantean “recortes muy grandes” en programas que son fundamentales como, por ejemplo, los que tienen como objetivo prevenir situaciones de abuso sexual en la infancia. En el caso del programa de fortalecimiento de la educación sexual integral, directamente dejará de tener una partida presupuestaria; el programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que, destacó, permitió reducir en un 50% los embarazos no intencionales, tendrá un 78% menos de presupuesto respecto de 2023 y en 2024 lleva una subejecución del 85% (solo se destinaron menos de 300 millones de pesos).

Además, indicó que hay “recortes muy importantes” en programas de asistencia a víctimas de violencias, como el programa Acompañar, que incluye transferencias monetarias para que las víctimas puedan “romper con el círculo de la violencia”. “Si bien es una ayuda bastante modesta, hemos visto que ha servido para que las víctimas puedan salir de las casas que compartían con los agresores, para desarrollar algún emprendimiento o formarse y poder tener un ingreso propio”, subrayó.

El programa Acompañar, precisó, este año tuvo un recorte presupuestario de 70% y se redujo el alcance “drásticamente”: “Había 20.000 altas programadas, pero solo se realizaron 434 y si comparamos con el año pasado que fueron 34.000, la reducción es casi de un 100%, pensando en que la mayoría de quienes han pedido acceder al programa, o al menos el 54%, se encontraba en el máximo nivel de riesgo, es decir, que su vida está en riesgo”.

En particular, sobre la línea 144 que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo, dijo que del análisis del Presupuesto 2025 se desprende que no hay especificada “una partida clara” para esa política.

“Si pensamos que este año se despidió a casi el 40% de las personas que trabajaban en la línea y que ya teníamos un recorte de casi el 30% en la ejecución del presupuesto, las proyecciones no son alentadoras”, admitió.

Adelantó que desde ELA reclamarán a diputados y diputadas que se comprometan con el cumplimiento de ciertas normas que son fundamentales como la Ley de Protección Integral de las Violencias y la Ley de Protección Integral de las Infancias, “que establecen pisos mínimos de protección que hoy con este presupuesto no se estarían cumpliendo”.

Y, por último, opinó que la gestión de Javier Milei es contradictoria respecto a que por un lado tiene como bandera la eficacia, eficiencia y el crecimiento económico, pero por otro lado recorta partidas para programas y eso le genera más gastos. Por ejemplo, sobre la línea 144 detalló que se ha evidenciado que es 22 veces más caro dejar de proteger a las víctimas de violencia e intervenir de manera tardía, que atenderlas frente a las primeras manifestaciones de violencia. Lo mismo ocurre, enfatizó, con la atención de los embarazos no intencionales que busca evitar el plan de prevención del embarazo no intencional.

“No sólo está incumpliendo normas de derechos humanos, sino que es contraproducente para el desarrollo económico del país este tipo de medidas de recortes en políticas de prevención”, concluyó.