Pasan los días y cada vez son más las dudas y las preguntas sin responder por parte del Ejecutivo respecto a la clausura del Mercado Municipal. Si bien rige el decreto firmado por el intendente que ordena el cierre del edificio de Donado 151, las y los puesteros siguen abriendo sus locales.
Walter Larrea, abogado de tres de los comerciantes, afirmó esta mañana en diálogo con Radio Altos que tras las reuniones con funcionarios y las declaraciones en medios de comunicación de algunos ellos, “se termina mezclando todo” y no se sabe si el Mercado Municipal se cierra por las condiciones edilicias o porque algunos permisionarios no pagan los alquileres.
“Tienen que ser precisas las causas que llevaron a clausurar el Mercado porque el cierre implica cercenar la posibilidad de muchas familias de desarrollar su comercio. Ahí empieza a hacer agua la postura del Municipio y los argumentos que se expusieron cuando se firmó el decreto”, consideró el letrado.
Sostuvo que hay falencias en la comunicación por parte del Ejecutivo y que la convocatoria a las y los comerciantes a reuniones para analizar la situación particular de cada uno de ellos ha sido desprolija. Mediante un mensaje de Whatsapp enviado por Antonela Giglio, administradora del Mercado, las y los puesteros son convocados a los encuentros con Federico Tucat y Julieta Centeno.
En cuanto a la vigencia del decreto de clausura, explicó que la notificación de que el Mercado Municipal estaba cerrado le llegó vía Whatsapp al empleado municipal encargado de abrir y cerrar el edificio. A los abogados de las y los puesteros, tanto el titular de Legal y Técnica, Francisco Cataldo, como el director de Articulación Público Privada, Germán Baratelli, les aseguraron en las reuniones que mantuvieron el fin de semana que el decreto está vigente. “Pero el Mercado Municipal sigue abierto. Ese es una aspecto que no se entiende”, aseveró.
Asimismo, se preguntó por qué la Municipalidad decide de manera intempestiva cerrar el Mercado cuando conocía desde hacía varios meses los informes técnicos que detallaban los problemas edilicios.
Respecto a los pasos a seguir, mencionó que en su caso presentó un recurso de revocatoria del decreto de clausura, que si bien entiende que el Ejecutivo no hará lugar al pedido, es el paso administrativo necesario para poder avanzar luwgo con una medida judicial.
Dijo que han planteado alternativas, sugirieron planes de acción, pidieron convocar nuevamente a profesiones de la UTN y sumar a los colegios profesionales a una nueva instancia de diálogo.
Larrea remarcó que el decreto no plantea plazos ni tampoco hay precisiones por parte de las y los funcionarios municipales respecto al futuro del edificio: si una vez que finalicen los trabajos de puesta en valor, los actuales permisionarios podrán volver a ocupar sus locales.
“Hay un grado importante de desprolijidad y te van corriendo el arco; ahora parece que los permisos precarios de los comerciantes no están vigentes, pero eso es responsabilidad del intendente Gay porque no firmó esos contratos”, advirtió.
Mientras siguen las rondas de negociaciones del Ejecutivo con cada puestera y puestero, Larrea admitió que llegará un momento en que agotada la vía administrativa, tendrán que recurrir a la Justicia para que se expida sobre la legalidad del decreto y para que abra una alternativa al cierre total.