Más allanamientos en Nordelta por los audios de Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este miércoles una nueva serie de allanamientos en Nordelta, por la investigación de las presuntas coimas que se habrían pagado por la compra de medicamentos en el área de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad requisaron las administraciones de los barrios privados “La Isla” y “El Golf”, además de la administración general de Nordelta.

Los agentes volvieron a esa localidad de Tigre donde vive la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina S.A. involucrada en los audios de Diego Spagnuolo, en busca de documentos de interés que todavía no había sido secuestrada.

La información en cuestión aportaría nuevos datos tanto al expediente central del caso -delegado en el fiscal federal Franco Picardi-, donde se investiga si existieron las coimas, como a la ramificación que hubo a partir de la supuesta obstrucción a la Justicia del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis.

Los últimos allanamientos habían ocurrido el martes, en los mismos dos barrios de Nordelta ya mencionados. En ese procedimiento la Policía de la Ciudad incautó cámaras de seguridad y registros de las entradas y salidas.

Con estos elementos, Casanello apunta a reconstruir la huida de Jonathan Kovalivker, presidente de la Suizo Argentina, quien se fue del country justo antes de que la Justicia llegara para incautarle su celular y allanar su casa. En el domicilio encontraron cajas de seguridad abiertas y vaciadas, con bandas elásticas alrededor.

Cuando el juez le tomó declaración a De Vincentis, este afirmó que el personal de seguridad privada de Nordelta le señaló a la Policía de la Ciudad el auto de Jonathan Kovalivker mientras escapaba del barrio.

Además, el imputado por el supuesto encubrimiento entregó dos celulares y aportó las claves para que sean peritados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, que también está a cargo del análisis forense del resto de los teléfonos incautados.