La secretaria General de la Presidencia sería convada para el 23 o 30 de septiembre para conocer sus vínculos con los desarrolladores de la criptomoneda.
En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei. En la primera jornada de citaciones, se ausentaron Alejandro Melik, presidenta de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).
La comisión estableció como fecha el martes 23 o martes 30 de septiembre para la citación a la secretaria General de la Presidencia. En caso de que ella no acuda al Congreso, las autoridades de la comisión (hasta el momento, Ferraro y Marino, con vicepresidencia vacante) buscarán tomarle testimonio en Casa Rosada o le permitirán establecer un día a la propia funcionaria, con un plazo que no exceda la primera semana de octubre, fecha en la que avanzarían a judicializar un reclamo por el uso de la fuerza pública.
Las sospechas sobre Karina Milei iniciaron a raíz de la investigación estadounidense, que la señala como la que habilitó el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024. A su vez, se conocieron mensajes en los que Davis se jactó de su influencia sobre Javier Milei: “Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero”. Múltiples fuentes del Gobierno nacional le confirmaron a Ámbito que no asistirá a ningún tipo de citación.
El espacio parlamentario también definió enviar un oficio para requerir información a billeteras virtuales en donde abrieron cuentas los involucrados argentinos de la causa. Además, se creó una subcomisión (con los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal) que tendría acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario. Solo dos legisladores aliados del oficialismo participaron de la reunión: la salteña Yolanda Vega, quien en los dos últimos encuentros tomó una expresa postura para dilucidar lo que ocurrió en la estafa, y el tucumano Mariano Campero, quien viene distanciándose de La Libertad Avanza en este tema.
Alejandro Melik y María Florencia Zicavo decidieron faltar a la comisión investigadora $LIBRA. “Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso”, opinó la diputada Sabrina Selva. Ambos enviaron documentación para justificarse, rubricadas por ellos pero presentadas de manera informal al Poder Legislativo. Al ser allegados a Mariano Cúneo Libarona, los diputados propusieron enviarle un requerimiento al ministro insistiendo con la convocatoria.
Melik fue citado porque determinó que Javier Milei difundió $LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que “no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Publica por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project'”, según firmó en su dictamen. Por este motivo, en julio recibió una denuncia por “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.
Cuando autoridades parlamentarias fueron a la Oficina Anticorrupción, se negó a recibir la notificación que le imponía presentarse a declarar, por lo que pegaron la citación en la puerta de su despacho. A la hora de justificar su ausencia, consideró que la labor parlamentaria “supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información“. Al mismo tiempo, apuntó que “el panorama que se presenta resulta propicio para la incursión de preguntas indicativas, capciones o improcedentes”.
Por su parte, Zicavo es extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $LIBRA, que operó tan sólo tres meses y fue cerrada por el Poder Ejecutivo al considerar que alcanzó el “cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada” -aunque no se conoció públicamente ningún informe-. Actualmente es la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. “Una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas”, consideró la funcionario y dijo que su presencia “requiere mayores precisiones en torno a los hechos que se pretenden averiguar en cada uno de los interrogatorios”.
En la reunión sí se hizo presente Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien entendió que “fue prematuro el cierre de la investigación” y que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública” del Presidente de la Nación. “Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. […] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir que se sepa qué paso en un caso de corrupción”, añadió.