Ley de Glaciares: son más de 30.000 las personas que se anotaron para la audiencia pública

A una semana de que cierren las inscripciones, son más de 30.000 las personas que se anotaron para ser parte de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. La convocatoria es para los días 25 y 26 de marzo.

La cantidad de inscriptos supera ampliamente el plazo propuesto por La Libertad Avanza para que la ciudadanía se exprese sobre el proyecto.

“Va a ser un desafío cómo termina resolviendo el tema la Cámara de Diputados, ya que en un principio solamente había establecido que iban a ser dos días de audiencias, con una capacidad máxima de escucha de alrededor de 200 personas. Creo que no se esperaban tanto interés por parte de la población y tanta necesidad de defender los glaciares y el agua de la Argentina”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo.

Señaló que la Cámara baja tendrá que definir respecto de si ampliará la cantidad de días de audiencia o si establecerá otro método de participación para garantizar que se escuchen las voces de las, por ahora, más de 30.000 personas que monstraron interés en hacerlo.

“Para nosotros la solución adecuada y compatible con la democracia participativa ambiental tiene que ser la extensión de días, que todas las personas tengan la posibilidad de participar en la audiencia pública y hacer uso de esos cinco minutos”, señaló sobre el tiempo que se le otorga a cada persona para exponer. 

Distintas organizaciones brindarán un taller virtual preparatorio para la audiencia pública. “Lo hacemos porque muchas personas no han participado en este tipo de audiencias, tienen dudas respecto de qué se puede decir y de cuestiones técnicas del proyecto. La idea de hacer más claro y más accesible a la ciudadanía el proyecto”, recalcó.

En cuanto a las consecuencias negativas del proyecto de reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei, señaló que actualmente es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) el que realiza un inventario de los ambientes glaciares y periglaciares. “Una vez que los detecta, prohíbe realizar cualquier actividad humana que los afecte”, precisó.

La reforma propone que esa tarea pase a ser competencia de las provincias que con discrecionalidad podrán definir qué es un ambiente periglaciar y cuál no. Y sumó que se establece un criterio subjetivo respecto de la relevancia hídrica. “Es decir, la provincia va a poder tener cualquier fundamentación discrecional para defender o no defender un ambiente periglaciar. Y sabemos cómo se manejan en estos casos donde hay mucho dinero en juego, mucha presión económica, mucha presión extractiva”, alertó.

No dudó en advertir qué, a partir de la aprobación de la reforma de la normativa actual, las provincias van a justificar que los ambientes periglaciares, donde justamente se quieran hacer explotaciones mineras, no tienen relevancia hídrica.

“Lo que va a determinar la protección del ecosistema va a ser el peso económico y el interés extractivo de las grandes corporaciones mineras. Ya no va a haber ningún instituto ajeno a las provincias que pueda controlar esa situación”, cuestionó. 

Baldiviezo sumó que Argentina no tiene una estructura institucional fuerte que pueda ponerle freno al poder económico. “Estamos frente a una estructura de corrupción generalizada en el país donde obviamente los permisos a grandes corporaciones se van a terminar consiguiendo con dádivas económicas y de otro estilo”, concluyó.