Lesa humanidad: todavía hay más de 300 causas, pero el Gobierno desmantela áreas clave de DD.HH

A casi medio siglo del comienzo de la última dictadura (1976-1983), los juicios de lesa humanidad continúan, pero en un contexto adverso. Hay más 300 causas abiertas, pero debido al paso del tiempo cada vez hay más muertes de acusados y víctimas antes de obtener una sentencia. A esto se suma el desmantelamiento de áreas clave por parte del Gobierno. ¿Se acerca el final de estos procesos? Opinan miembros de la Justicia y querellantes.

En la actualidad hay 14 juicios abiertos, 63 causas con elevación a juicio y 258 en instrucción, según un informe de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA) publicado el 20 de marzo pasado. Es decir que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hay secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés cometidos por la dictadura que no fueron juzgados.

Hoy la situación es compleja. Si bien las causas avanzan, la cantidad de casos que se juzgan es enorme y los recursos son cada vez menores. En las más de 300 causas hay casi un millar de personas investigadas, de las cuales 502 están imputados, 401 procesados y 27 indagados, según datos de PROCULESA.

¿La cantidad de casos explica tantas causas en 2025? “Es parte de las dificultades propias de la investigación y de los largos tiempos que insumen los procesos judiciales”, opina Carolina Vilella, la coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, pero hay otros motivos. “También es consecuencia de la falta de recursos suficientes, la falta de integración de los Tribunales por ejemplo ha sido causa de grandísimas demoras para la realización de los juicios“, agrega.

Fuentes judiciales le describieron a Ámbito una situación compleja, con tribunales donde faltan designar jueces por el estancamiento de las negociaciones en el Senado. En muchos casos, se recurre a los jueces subrogantes, es decir magistrados que cubren transitoriamente un lugar en un tribunal, mientras sigue actuando en el suyo propio.

Las falencias son muchas, pero las causas siguen, impulsadas por víctimas, organismos de derechos humanos y la Fiscalía. Incluso, a pesar de la llegada de Javier Milei al poder, se mantiene el ritmo de causas. “La actividad procesal de acuerdo a nuestro informe está activa“, afirma Ámbito Ángeles Ramos, titular de la PROCULESA.

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023 se especuló con que estos juicios se terminarían. Incluso que se podría dar una amnistía a los más de mil condenados por delitos de lesa humanidad. Pero, a pesar de la posición oficial a favor de la “memoria completa” y el desmantelamiento de áreas clave de derechos humanos, los juicios continuaron y el perdón presidencial no se dio.

Fuentes judiciales le aseguraron a Ámbito que no hubo ninguna “intervención” del Gobierno con respecto al rumbo de los juicios. “Esa no es mi agenda”, dijo una vez el presidente Javier Milei en referencia a la memoria completa impulsada por su vice Victoria Villarroel y la visita de diputados libertarios a represores que cumplen penas en la cárcel.

Desde los organismos de derechos humanos no están de acuerdo con esta mirada. “Desde que asumió Javier Milei se han incrementado los discursos de odio, negacionistas y sectores que reivindican a la última dictadura cívico militar”, advierte Carolina Villella de Abuelas.

En todo caso, en lo que sí coinciden querellantes y miembros de la Justicia es en el daño “silencioso” que el Gobierno provoca con el desmantelamiento de áreas clave. Sólo en el equipo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se despidieron a 14 personas, en los 15 meses de gestión de Alberto Baños. De esta manera, el Estado nacional se quedó casi sin letrados para querellar en las decenas de causas donde interviene.

“El Gobierno no pudo, a pesar de los esfuerzos que hizo, desmantelar la política de memoria, de justicia. Los juicios continuaron, las condenas siguen sucediendo”, evaluó Nicolás Tauber, uno de los abogados despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos.

Consultada por este medio, la fiscal de La Plata Ana Oberlin remarcó el daño que genera el vaciamiento de organismos públicos como el Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) o el Centro Ulloa que colaboran con la justicia. “Es un cambio bastante importante”, se lamentó. “Milei desarmó varios de los organismos que colaboran sobre todo con la parte de la investigación respecto de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado“. Mencionó al RUVTE y la CONADI, entre otros, pero se cuentan por decenas.

Fuente: Ámbito