El INECIP midió cómo representan los Ministerios Públicos Fiscales los intereses de las víctimas en los procesos penales.
El INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) midió la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina y el resultado arrojó que Entre Ríos es la provincia mejor ubicada en el ránking de eficacia político criminal con solo el 9,17%.
“No estamos acostumbrados a medir y a que los organismos de justicia rindan cuentas en términos estadísticos de cara a la ciudadanía. Lo que se buscó medir fue cómo están cumpliendo las fiscalías el rol de representar los intereses de las víctimas en los procesos penales”, explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos Julián Alfie, director del programa de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios del INECIP.
Señaló que esta primera medición busca ser un primer paso de una investigación más amplia: de los casos que entran las fiscalías cuántos tienen una respuesta con mínima calidad. “Esa medición nos dio que ninguna provincia pasa el 9% de eficacia político criminal; significa que de cada 10 casos que entran al Ministerio Público Fiscal solo uno tiene una respuesta mínimamente adecuada. El resto queda en la nada”, advirtió.
Esa respuesta de calidad básica significa que haya por lo menos una condena, una suspensión de juicio a prueba o un acuerdo reparatorio y que el Ministerio Público Fiscal pueda decirle a la víctima “nosotros con su caso hicimos algo”.
“En estudios posteriores deberíamos saber si esa respuesta logra el impacto social que se espera”, remarcó.
En ese punto, planteó que si los casos que llegan a la justicia penal no tienen una respuesta con un mínimo de calidad, es probable que no solo haya una sensación generalizada de impunidad sino que también haya un gran aumento de la violencia social porque la gente siente que los casos que llegan a la justicia no tienen respuestas. Eso puede generar, alertó, que aumente la justicia por mano propia.
“Este informe busca llamar la atención sobre la necesidad de que los Ministerios Públicos Fiscales empiecen a trabajar en base a información concreta para revertir esta sensación generalizada de que la justicia no da respuestas a los casos penales. Este problema podemos diagnosticarlo a partir de estadísticas que les permitan a las fiscalías y a la ciudadanía corregir el rumbo de funcionamiento de las fiscalías, ver dónde están los problemas y cómo podrían solucionarse”, enumeró.
Alfie sostuvo que uno de los principales problemas es que los Ministerios Públicos Fiscales no definen objetivos concretos, paso que entendió, es fundamental porque permitiría evaluar sus funcionamientos y corregir si es necesario los rumbos.