La secretaria de la empresa aérea contratada para el viaje de Adorni denunció ser hostigada por Grandío

El Juez Federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

Esta determinación técnica,surge tras una solicitud formal interpuesta por el Fiscal Federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Marcelo Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el Fiscal Federal Gerardo Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa: La mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Marcelo Grandio.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, el Fiscal Federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.