Apenas 24 horas después de propinarle al gobierno de Javier Milei otra dura derrota en el Senado con el rechazo de los vetos a la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, los bloques de la oposición dura y dialoguista convocaron a una nueva mega sesión en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 8 de octubre a las 12 para avanzar con una agenda de alto impacto político, que incluye la reforma del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la remoción del diputado José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura, entre otros temas.
El primer proyecto de la orden del día busca modificar la ley 26.122 para limitar las facultades del Presidente para firmar decretos. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, establece un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, plantea que debe ser explícita la aprobación de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
Impedir la reforma del régimen de DNU es el principal objetivo político de Martín Menem y de los diputados libertarios ya que significaría una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria. Si se convierte en ley, resultaría prácticamente imposible que los Ejecutivos esquiven al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual.
El segundo tema de la mega sesión también es incómodo para el Gobierno. La oposición quieren remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto a partir de la denuncia por “incumplimiento de funciones” por haber mantenido cerrada la comisión durante varios meses y por sus vínculos con Fred Machado, el empresario investigado en Estados Unidos por narcotráfico.
La interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos será el tercer tema en orden de importancia. El principal funcionario “político” del Gobierno deberá explicar por qué sancionó la ley de emergencia en discapacidad, pero dejó en suspenso su aplicación. Desde el oficialismo aseguran que no tienen los recursos para su implementación y que la oposición tampoco especificó en el texto de la ley cuáles serían las fuentes de financiamiento.
Por su parte, los opositores más duros aseguran que si el jefe de Gabinete no se presenta con una reasignación de partidas que permita implementar la ley, avanzarán con una moción de censura.
Se trata de un mecanismo incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
La agenda de la oposición incorpora además un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para ponerle una fecha tope al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026. De esta forma quieren evitar que la discusión se prolongue indefinidamente y que el año legislativo termine sin ningún dictamen. Temen que el Gobierno intente prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.
También se discutirá la selección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y numerosas iniciativas sobre emergencia productiva, financiera, tarifaria y laboral para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).