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La Justicia frenó la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana
A principios de mayo el gobierno de Milei había anunciado el fin del fondo fiduciario.
El Juzgado Federal de Pehuajó dictó este viernes una medida cautelar para suspender la eliminación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), ordenada por el gobierno de Javier Milei.
También le exigió la presentación de un plan de urbanización de barrios populares a riesgo de ser multado en caso de no hacerlo.
La justicia dictó la cautelar a instancia de una presentación hecha por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de barrios populares para frenar la eliminación del FISU, anunciada por el Gobierno a principio de mes.
Este Fondo fue creado durante el gobierno del Frente de Todos y tiene como fin la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de Argentina. Recibía fondos del impuesto País y del aporte extraordinario a las grandes fortunas, entre otros ingresos.
La Justicia también le ordena al Estado Nacional que informe en el plazo de tres días “el saldo existente en la cuentas bancarias, inversiones, colocaciones financieras correspondientes al FISU y que identifique la totalidad de los bienes fideicomitidos del mismo, así como la composición de sus recursos según su respectiva fuente de financiamiento”. El Gobierno tiene la intención de utilizar esos recursos en otros fines.
La cautelar no queda ahí. Además le exige al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, a la presentación de un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada. De no hacerlo, será multado por $200 mil por cada día de demora.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue un fideicomiso creado a finales del 2019 durante los comienzos de la gestión del expresidente Alberto Fernández, el cual se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Su objetivo era financiar proyectos de vivienda para los barrios populares a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Su financiamiento se nutría con fondos del Impuesto PAIS y, durante la pandemia, con el aporte solidario extraordinario de las empresas. Además, el fideicomiso tenía múltiples aportes por parte de organizaciones internacionales para realizar obras en asentamientos y barrios de emergencia.
Fuente: diario Ámbito
