La Coalición Cívica busca declarar la invalidez del DNU que reformó al INTA

La Coalición Cívica presentó este viernes un proyecto para declarar la invalidez del DNU que hizo una reforma profunda en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Afirman que el organismo estaba excluido del área de intervención de las facultades delegadas al Ejecutivo, según la Ley Bases que impulsó Javier Milei en el inicio de su Gobierno.

El proyecto lo impulsan diputados de la Coalición Cívica, el espacio político fundado por Elisa Carrió. Desde ese sector rechazaron “toda medida del Poder Ejecutivo Nacional que pudiera afectar la autarquía, independencia técnica, estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cualquier reducción presupuestaria que pudiera afectar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

El decreto en cuestión es el 462/2025, que fue publicado el martes en el Boletín Oficial. Sobre la fecha de vencimiento de las facultades delegadas, la normativa eliminó la autarquía administrativa y la dirección nacional por concurso en ese organismo. Además, el presidente de la entidad concentrará el poder de decisión.

El INTA es uno de los organismos públicos de mejor reputación a nivel federal, aunque en los últimos tiempos algunos sectores venían reclamando cambios. El Instituto se dedica a la investigación aplicada en el sector agropecuaria, agroalimentario y agroindustrial.

La Coalición Cívica sostiene que el DNU 462 es “un claro exceso de las bases de la legislación legislativa”. Los diputados apuntan, entre otros puntos, a la eliminación de la autarquía, por la que ahora depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Y afirman que la reforma esconde una virtual “intervención”.

Ese es el argumento sobre el que se levanta el pedido de invalidez del decreto. Es que esa normativa se fundó en las facultades delegadas a través de la Ley Bases. Desde la Coalición Cívica recordaron que esa misma ley excluía al INTA de los organismos que podían ser intervenidos por el Ejecutivo.

“En lo formal el Poder Ejecutivo no dispuso una intervención del INTA pero en la práctica, la eliminación de su Consejo Directivo (integrado en forma plural) y otorgando la facultad de decisión a un Secretario dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo Nacional es equiparable a una intervención”, explicaron los diputados Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto, que pusieron su firma al proyecto de resolución.

“Una intervención implica la remoción de las autoridades del organismo y la designación, en su lugar, de un funcionario del Poder Ejecutivo para ejercer la administración y dirección. En consecuencia, la designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equiparable a una intervención, violando las bases de la delegación dispuestas por este Congreso así como sus prohibiciones”, continuaron su argumentación.

Y añadieron: “La cuestión es preocupante ya que es un organismo que ha demostrado gran profesionalismo y excelentes resultados en materia de tecnología agropecuaria, convirtiéndose en un organismo referente en investigación y desarrollo agroindustrial a nivel nacional e internacional”.

Los cambios que el Gobierno de Milei hizo en el INTA

“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, expuso el Gobierno en un comunicado oficial.

Al justificar el ajuste, apuntaron a la dotación del organismo (“6059 agentes”) y a su presupuesto anual (“$229.000 millones”).

Tras los cambios, el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, conducirá el organismo, ahora sin director nacional, y liderando un consejo técnico de otros siete miembros que serán designados por él, cuatro de ellos a propuesta de “las entidades agropecuarias”.

Hasta ahora había un consejo de 10 miembros, entre los cuales 7 votos representaban a entidades agropecuarias y a las facultades de Agronomía y Veterinaria.

Fuente: diario Clarín