La causa que investiga presuntos testaferros del Chiqui Tapia pasará al fuero penal económico

Luego del allanamiento en la finca de Pilar, la Sala I de la Cámara Federal resolvió este viernes que la causa sobre la mansión atribuida a altos dirigentes de AFA sea trasladada al Juzgado Penal Económico N°10 a cargo de Marcelo Aguinsky. Así, se espera que el Juez Federal Daniel Rafecas enviará el expediente a ese fuero en las próximas horas para que continúe con el proceso judicial.

La causa no fue apartada de Rafecas por decisión propia: el juez se había declarado incompetente, pero el fuero penal económico rechazó asumir el expediente. Ante ese conflicto, fue la Cámara Federal la que finalmente intervino y determinó que el caso debe tramitar en el penal económico, confirmando así el criterio inicial del magistrado.

En sus últimas horas al frente de la causa Rafecas llevó adelante algunas medidas que incluyeron:

• Ordenar el embargo preventivo de la finca de Pilar (hoy allanada) y la inmovilización de todos los vehículos allí hallados, así como de todos los bienes muebles existentes en su interior (art. 305 primer párrafo del Código Penal, por presumirse posible delito de lavado de activos).
• • El levantamiento del secreto fiscal de “Wicca S.A.S.”, anterior propietaria de la casa del country Ayres en Pilar.

Más allá del cambio de manos de la causa, durante este viernes las autoridades continuarán con el allanamiento en la finca de Villa Rosa, Pilar.

Temprano este viernes comenzó el allanamiento a la finca vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida forma parte de la causa que investiga a Ariel Vallejo —referenciado como allegado a Claudio “Chiqui” Tapia— por presuntas maniobras de lavado de activos a través de su financiera, Sur Finanzas.

La propiedad figura registrada a nombre de Real Central SA, sociedad controlada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Hasta ahora, la Justicia apunta a determinar si el predio integra el entramado patrimonial bajo análisis.

El operativo quedó en manos de un equipo de seis peritos designados por el juzgado: tres de la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. Su tarea incluye tasar la finca, filmar el recorrido completo y realizar un registro fotográfico detallado del establecimiento.

Durante el procedimiento apareció el primer dato de impacto: un galpón de grandes dimensiones repleto de vehículos. Allí se contabilizaron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. En total, 54 unidades que pertenecen formalmente a Real Central SRL. Ahora, los peritos avanzan con el secuestro y la tasación de ese patrimonio vehicular, pieza clave para reconstruir el flujo de bienes en la causa.

Fuente: Ámbito