La Cámara Federal de Bahía ordenó proseguir con la investigación por supuesto lavado de activos a dos empresarios bahienses

El jueves pasado los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Roberto Amábile, rechazaron el planteo presentado por el abogado de los empresarios bahienses Gustavo Elías y Gustavo Damiani para que se cierre la causa en la que se investiga la eventual comisión del delito de lavado de activos.

El expediente había comenzado hace casi 10 años y los camaristas en la resolución de la semana pasada han entendido que no se reúnen las condiciones para aplicar ningún tipo de extinción a la acción penal.

Pese al tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación, los magistrados afirmaron que aún queda mucho por hacer y esclarecer en la causa y que frente a la gravedad que supone eventualmente la comisión de ese delito que plantea una pena de hasta 12 años de prisión, no corresponde aplicar la prescripción.

Sobre el punto agregan en el fallo de 14 fojas que la gravedad mencionada impide aplicar beneficios como el blanqueo o la extinción por pago de tributos, otro de los elementos planteados por el abogado de los dos empresarios bahienses, presidente y vice respectivamente de la Unión Industrial de nuestra ciudad.

Sostienen también que resulta improcedente pretender cerrar la causa por el hecho de haberse acogido al blanqueo fiscal y el pago de tributos.

Respecto a la prescripción por el paso del tiempo sin que se produjeran avances sustanciales, Amábile y Larriera indican que la causa es compleja y ha requerido medidas como informes de AFIP, levantamientos de secreto fiscal, análisis contables y seguimiento de estructuras societarias sospechosas. Todo ello, enmarcado dentro de la dinámica habitual de una causa por presunto lavado.

Los jueces destacaron además que la falta de llamado a indagatoria impide definir los hechos y su calificación penal, por lo cual, tampoco es posible determinar los plazos para evaluar la prescripción.

Se menciona en el escrito que “las maniobras investigadas, incluyen potenciales incrementos patrimoniales no justificados, transferencias millonarias sin causa, operaciones en moneda extranjera no declaradas, tenencias no informadas, sociedades instrumentales y documentación apócrifa.

En otro de los puntos destacados se incluye una especie de advertencia al juzgado de primera instancia para que ” imprima la debida diligencia a la investigación para un pronto tratamiento de todas estas cuestiones (con independencia de resultado al que finalmente se arribe)”.

Fuente: FM De la Calle