La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente contra Andrés Vázquez por no declarar la compra de propiedades en Miami.
El Consorcio Internacional de Periodistas expuso la situación irregular del titular de la DGI (Dirección General Impositiva) Andrés Vázquez: compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción.
Y el pasado lunes la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició un expediente contra el funcionario que fue nombrado al frente de la DGI por el presidente Javier Milei en el mes de octubre.
La periodista bahiense Sandra Crucianelli fue parte de la investigación que realizó el consorcio internacional y esta mañana en diálogo con Radio Altos brindó algunas precisiones sobre la figura Vázquez.
Recordó que ingresó a la exAFIP en 1990 y que pese a que hubo diversos intentos “para correrlo de su cargo” nunca se logró.
“Nosotros cada vez que se nombra a un funcionario nuevo consultamos las bases de datos a las que tenemos acceso. Cuando asumió en octubre pasado hicimos la búsqueda y encontramos un entramado offshore que se comenzó a armar hace ya muchos años con propiedades”, señaló.
Detectaron que compró tres propiedades en Miami por un valor de aproximado de dos millones de dólares y con un entramado societario detrás.
“Nos tomó dos meses reconstruir toda la historia, que fue bastante compleja. Buena parte de los documentos los encontramos en el registro público de Florida”, precisó.
Recalcó que ese entramado societario y las tres propiedades en territorio estadounidense no forman parte de la declaración jurada que debe presentar Vázquez por ser funcionario público, tal como lo obliga la ley de ética pública.
“Es la historia del zorro dentro del gallinero”, describió sobre el funcionario que debe controlar la evasión impositiva.
Ayer en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni negó que haya algún tipo de irregularidad y aseguró que lo expuesto por el consorcio internacional de periodistas es “historia vieja”.
Sin embargo, Crucianelli afirmó que es erróneo lo que planteó Adorni porque esa causa que mencionó del año 2004 estaba vinculada a medio millón de dólares que le encontraron a Vázquez en una cuenta en Curazao, “movida a través de una cueva”.
“Ese dinero lo movió junto a su hermana a una cuenta en Luxemburgo, también a través de una cueva. Y ahí el juez Ariel Lijo lo terminó sobreseyendo, no porque sea inocente, sino porque Lijo mandó un exhorto a Luxemburgo y ese país nunca contestó”, detalló.
“Adorni se equivoca al creer que no tienen que pedirle explicaciones a este funcionario, que es un funcionario muy poderoso, probablemente uno de los más poderosos del país, aunque nadie lo conozca”, aseveró.
Y agregó que se trata de la persona que “maneja inteligencia fiscal”, que está ligado al exespía Jaime Stiuso. “Algunas fuentes han calificado a Vázquez de peligroso por el tipo de maniobras y por los procedimientos que utiliza. Él tiene acceso a información privilegiada”, subrayó.
Como nota de color indicó que no había una sola foto del actual titular de la DGI y por eso “no se le conocía el rostro”. A través de la investigación que realizó el consorcio internacional de periodistas se obtuvo la foto del pasaporte de Vázquez. “Fue uno de los grandes hallazgos. No hay ninguna razón para que sea un personaje secreto, oculto, oscuro”, planteó.
Crucianelli remarcó que ahora esperan que las instituciones funcionen. La primera señal, indicó, la dio la Procuraduría, pero aún nada expresó,por ejemplo, el Congreso y lo comparó con el caso del diputado nacional Cristian Ritondo.
“El caso de Ritondo es bastante parecido al de Vázquez; una estructura societaria que se arma fuera del país, no declarada ante la Oficina Anticorrupción”, manifestó.
Según la investigación, Romina Diago, esposa de Ritondo, habría gestionado propiedades en Miami a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Serían cinco inmuebles por un total de 2.600.000 dólares.