El abogado y catedrático Manuel García Mansilla, quien había asumido su puesto en la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de marzo, presentó hoy la renuncia indeclinable a su cargo, apenas 39 días después de haber jurado en el alto tribunal.
La decisión llega en un contexto de alta tensión política y jurídica, marcado por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones.
La renuncia de García Mansilla deja nuevamente a la Corte con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La breve trayectoria de García Mansilla en el máximo tribunal comenzó con su designación mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluyó la designación del juez federal Ariel Lijo, aunque este último no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.
La renuncia se hizo efectiva a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei que comienza diciendo:
“Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”.
La extensa carta plantea básicamente varias cuestiones o ejes relacionados: las razones por las que asumió en comisión, donde aclara que se tergiversó su afirmación de que no lo haría; la dificultad institucional de una Corte Suprema funcionando solo con tres miembros; la demora del Senado en tratar los pliegos; y la validez de la decisión del PEN.
“A partir de la misma convicción -agrega la carta- con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema”.
El rechazo a la medida cautelar
El pasado jueves, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo. Pocos después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.
La medida cautelar fue impulsada por una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación de García Mansilla vulneraba la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó el magistrado.
Fuente: diario Infobae