Fondos para indemnizaciones: su costo fiscal equivaldría al de las leyes universitaria y de discapacidad

El Gobierno y el Congreso mantienen desde hace más de dos meses una polémica sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes. El Poder Ejecutivo quiere destinar los recursos a fondos para financiar despidos y rebajas de impuestos para empresas, mientras que el Poder Legislativo pide que se utilicen para financiamiento universitario y programas de discapacidad.

En rigor, el ministro de Economía, Luis Caputo, no tuvo en cuenta los gastos que sumó el Congreso cuando presentó el Presupuesto 2026 en septiembre de este año.

Según señala un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), volvió al centro del debate el impacto fiscal de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. “Autoridades del gobierno nacional han manifestado que la vía para lograr su financiamiento va a ser la de la reducción de otros gastos”, señala el reporte. “El gasto clasificado como gasto primario inflexible pasaría de representar un 9,32% del PBI a un 9,82% del PBI, dado el agregado del impacto fiscal de las dos leyes”, indica el informe.

Por otra parte, el gasto clasificado como gasto primario flexible debería reducirse desde el 5% del PBI al 4,5% del PBI. Es decir que, de acuerdo con las estimaciones del IARAF, el costo fiscal de las dos leyes es de medio punto del PBI.

Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la entidad, el costo de reducir el Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 35% al 31,5% y del 30% al 27%, sería del orden del 0,22% del PBI, lo que en moneda actual representaría $1,9 billones.

De este total, al gobierno nacional le corresponderían $790.000 millones (0,09% del PBI) y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones (0,13% del PBI).

El IARAF indica que “el costo fiscal inicial se va a dar recién en el año 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas con la baja de carga presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026”.

“Concretamente, el impacto se daría a partir de mayo de 2027, cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y a pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo”, indica el informe.

El gasto más importante y que podría tener un efecto más inmediato sobre los recursos del Estado es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) -buscan aliviar a las empresas el costo del despido- que sería de unos $4,5 billones, los cuales le restarían recursos al sistema previsional en 2026. La reducción de retenciones dispuesta este año por el Gobierno también impactará en 2025, al igual que la eliminación de impuestos internos.

El diputado Guillermo Michel, extitular de la Aduana, señaló que “en el Staff Report del 20 de marzo de 2023, el staff del FMI -a pedido de su titular- advertía explícitamente sobre los desafíos fiscales que introducía la moratoria previsional recientemente aprobada y exigía medidas correctivas (básicamente, reducir la cantidad de beneficiarios potenciales del programa)”. “El costo anual estimado entonces fue de 0,4% del PBI, tal como muestra la imagen adjunta”.

Resultaría razonable que ahora, casi tres años después, el Fondo mantenga el mismo nivel de exigencia para cubrir el agujero fiscal que genera el FAL, estimado en 0,45% del PBI, indicó.

Michel agregó que “seguramente el FMI reclamará el mismo rigor fiscal para financiar despidos que para cuestionar beneficios previsionales a quienes no pudieron aportar durante su vida activa porque sus empleadores los tenían en la informalidad laboral”.

Fuente: Ámbito