El tratamiento de ambos temas en paralelo podría clave para destrabar las vacantes que padecen ambos cuerpos.
El Senado retoma la agenda judicial. Este miércoles a las 13 inicia el debate en comisión de una serie de proyectos que buscan ampliar la Corte Suprema. Además, se discutirán cambios en el número de auditores elegidos por el Congreso para la Auditoría General de la Nación (AGN). El tratamiento de ambos temas en paralelo podría ser la llave para destrabar las vacantes que padecen ambos cuerpos.
Tras el fracaso de Ficha Limpia, el salteño Juan Carlos Romero, aliado del gobierno de Javier Milei, presentó una iniciativa que eleva el número de miembros del Máximo Tribunal, que es bien visto por Unión por la Patria. Pese a que en Casa Rosada se desentendieron de ese texto, este miércoles a las 13 arranca el debate de esa y otras iniciativas que buscan modificar la composición de la Corte que, además hoy cuenta con dos vacantes.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que conducen Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), respectivamente, comenzarán a tratar un total de 8 proyectos que proponen modificar la composición de la Corte Suprema.
Del total de los proyectos, al menos cuatro proponen ampliar la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal, lo que podría ser la llave para destrabar los nombramientos de las dos vacantes, luego del traspié que sufrieron los candidatos de Milei.
La ampliación de la Corte es de larga data. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Cámara alta le dio media sanción a una iniciativa que elevaba a 15 el número de integrantes. Pero, por falta de votos, jamás se trató en Diputados y perdió estado parlamentario.
Además del de Romero, que propone elevar de 5 a 7 el número de miembros, planteando que no más de 5 miembros podrán ser del mismo género; está el de Silvia Sapag, de UP, que la eleva a 15 miembros. Otras dos iniciativas son las de las patagónicas Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que plantean elevar a 9 el número de miembros.
La ampliación de la Corte podría facilitar las negociaciones entre Unión por la Patria y el oficialismo. Contar con el aval del interbloque que conduce José Mayans es clave para que prospere cualquier candidato, por una cuestión matemática. Los nombramientos para el Máximo Tribunal requieren del visto bueno de dos tercios, y UP reúne a 34 de los 72 miembros de la Cámara alta.
Durante el año que duró en el Senado el debate en torno a las designaciones de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, se barajaron distintas estrategias de negociación.
En más de una oportunidad, cuando los pliegos impulsados por Milei parecían a punto de naufragar, desde Casa Rosada hacían trascender que enviarían una parte de los pliegos para ocupar distintas vacantes en la Justicia Federal. De esa manera, se pondría en marcha una negociación más amplia, de la que podrían participar actores de prácticamente todo el arco político representado en la Cámara alta. Pero pese a los anuncios, los pliegos jamás llegaron al Senado.
Pero además, durante esos 12 meses, hubo conversaciones subterráneas entre el cristinismo y los libertarios para destrabar el asunto por otras vías. Se habló de ampliar el número de miembros de la Corte. También trascendió la posibilidad de que cambiaran a uno de los candidatos por una mujer (sonaron nombres cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner). Así como también, se habría analizado sumar a ese paquete de negociación otros nombramientos que también pasan por el Senado. Por caso, el procurador de la Nación –que sigue encabezado por Eduardo Casal hasta que el tema se resuelva—, el defensor del Pueblo, y los representantes del Congreso para la AGN.
Pero lo cierto es que no hubo avances. Y, finalmente, la oposición llevó los pliegos al recinto luego de que Milei nombrara a Lijo y a García-Mansilla por decreto; los nombres fueron rechazados; el asunto volvió a foja cero y la Corte sigue con dos vacantes.
Fuente: Ámbito