“El RIGI encubre privilegios a grandes empresas y socava leyes ambientales”

El RIGI sigue sumando críticas y rechazo de diferentes sectores, entre ellos agrupaciones ambientales.

Ariel Slipak, economista, docente universitario e investigador de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) advirtió esta mañana en Radio Altos sobre las consecuencias negativas en la economía argentina y en el medioambiente, en particular, de la aprobación y posterior puesta en marcha del RIGI.

“Es un proyecto tremendo que socava leyes ambientales. Encubre un régimen de privilegios a grandes empresas, privilegios que no va a tener la población en general, que no tendrán las pymes, y que atentan contra el ambiente”, aseveró.

Explicó que el RIGI es un régimen de beneficios para inversiones de más de 200 millones de dólares y de más beneficios si las inversiones superan los 1000 millones de dólares. Detalló que el régimen diseñado por el gobierno de Javier MIlei incluye privilegios fiscales, tributarios, aduaneros,cambiarios y jurídicos.

El artículo 163, advirtió, condiciona a las provincias a que no puedan aplicar ningún tipo de legislación, ni generar nueva legislación, que vaya en contra de alguno de los proyectos de los beneficiarios del RIGI.

“De ese artículo se puede interpretar que si hay una ley provincial que protege al ambiente no se podrá aplicar y prevalecerá jurídicamente el proyecto de inversión”, alertó.

Y el artículo 219 les otorga a los beneficiarios del RIGI la posibilidad de que ante arbitrajes y controversias, puedan acceder a tribunales internacionales cuyos fallos en casi el 100% de los casos son a favor de las empresas.

Otro de los cuestionamientos, señaló, es que los inversores no tienen la obligación de liquidar divisas, es decir, “ni siquiera entrarán al país dólares”, ni tampoco tienen la obligación de generar empleo local.

Por último, Slipak sostuvo que la ley Bases en su conjunto atenta contra el ambiente. Indicó que en el artículo 3 se permite al Ejecutivo intervenir organismos, entre ellos, los vinculados al ambiente; en el artículo 5 se propone que el Ejecutivo tenga la facultad de liquidar o fusionar fondos fiduciarios en los que están incluidos, por ejemplo, los del manejo del fuego o los de la ley de bosques. “Es atar de manos al Estado nacional por décadas para que no pueda aplicar políticas vinculadas a lo ambiental”, resumió.