El protocolo para agentes encubiertos digitales genera dudas y alarmas entre los especialistas

La especialista en Derecho Informático, María Raquel Burgueño, se refirió esta mañana en diálogo con Radio Altos a la puesta en marcha de un nuevo protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de delitos complejos. 

La medida se publicó en el Boletín Oficial a través de la Resolución 828/2025 firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se trata de un nuevo marco normativo para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales cuando su intervención es requerida por la Justicia.

La experta explicó que con la creación de esta unidad se podrán registrar datos biográficos ficticios: “Un agente de seguridad va a poder tomar lo que se llama un avatar en el ámbito digital, crear una identidad ficticia a través de una autorización judicial expresa para que pueda estar actuando y se va a inscribir esta identidad en el Registro Nacional de las Personas”.

Hay dos figuras, la de agente encubierto que tiene una actividad más pasiva de monitoreo, y la de agente revelador que es quien específicamente está autorizado a intervenir en actividades criminales.

“Desde el Poder Judicial, para quienes están trabajando día a día combatiendo cuestiones de ciberdelitos, esta es una figura que es muy bienvenida, en el sentido de poder, por ejemplo, intervenir en casos como el de distribución de material de abuso sexual infantil y el de grooming”, destacó.

Pero alertó sobre qué ocurre en otros ámbitos. Se preguntó qué pasa si por justificar otro delito existe una actuación fuera del rango que se le dio al agente encubierto o al agente revelador. Y sumó otro interrogante respecto de qué garantías de privacidad se le da a las personas cuando no están inmersas en ninguna situación delictiva.

“Se supone que obviamente esto está autorizado por un juez y que debería haber o tener un monitoreo, pero en definitiva no está trazado específicamente en el protocolo y acá es donde vienen todas las preguntas”, expuso sobre las dudas que ha generado el nuevo protocolo.

Hizo hincapié, en ese sentido, en la necesidad de que los marcos regulatorios sean claros, transparentes y tengan un perfil de acceso democrático para que, de alguna forma, la o el ciudadano pueda saber cómo se van a implementar estas herramientas y si efectivamente todas nuestras redes, todos nuestros pensamientos en el ámbito digital y nuestro derecho a expresarnos democráticamente, puede verse afectado. 

Otras preguntas que planteó fueron si efectivamente habrá capacitaciones tanto para jueces, fiscales como integrantes de las fuerzas de seguridad y cuál será el control judicial sobre las actividades de vigilancia.