El Gobierno volvió a rechazar las negociaciones extrajudiciales en el caso YPF

“Argentina no va a negociar con las partes demandantes”. Con esa frase Manuel Adorni cerró este viernes las puertas a un eventual diálogo con los fondos buitre, que ganaron el juicio por la expropiación de YPF y exigen el pago de u$s16.099 millones. En paralelo, los propios demandantes aclararon que su interés no es quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera -y el control de la compañía-, sino que buscan que el Gobierno deposite una “garantía” para tramitar la apelación en marcha.

En primer lugar, el vocero presidencial celebró el fallo que suspendió la entrega de acciones Clase D, ordenada por Loretta Preska el 30 de junio pasado. “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

En ese marco, el portavoz aclaró que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones” y remarcó que “no hay un plazo determinado para eso”.

Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.

El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.

La presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.

Fuente: Ámbito