El Gobierno presiona para evitar una derrota legislativa antes de fin de año

Cuando la gestión de Javier Milei había hallado una dinámica de gobernabilidad, en base a decretar lo que no podía consensuar y vetar lo que no pudo evitar, la alianza opositora volvió a confluir en el Congreso para convocar a una sesión que pretende reformar los DNUs, pero cuyo trasfondo es un mensaje al Ejecutivo.

De aprobarse la reforma de la ley 26.122, el rechazo de una de las dos cámaras resultará suficiente para revocar un DNU y estos pasarán a tener un período de vigencia de hasta 90 días. Así, el Legislativo ya no tendrá que votar por el rechazo sino por la aprobación. Como sucedió con jubilaciones y universidades, volverán a unirse peronismo, radicalismo disidente, izquierda y provincialismos. Casa Rosada presiona a los gobernadores para que sus representantes parlamentarios no acompañen el proyecto: por lo pronto, logró el silencio del PRO y el acompañamiento del sector más libertario de la UCR, que tendrá otra vez voto dividido.

Se abren distintas paradojas con este proyecto. La más concreta es la advertencia de Javier Milei, que en caso de que se sancione la reforma utilizaría el veto presidencial precisamente contra una iniciativa que busca equilibrar la distribución de poderes. La otra tiene que ver con las posturas de bloques antagónicos para modificar una ley que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner y la negociación parlamentaria de Cristina Kirchner -en calidad de senadora- en el 2006: Unión por la Patria votará a favor de cambiar el régimen de DNU, mientras que La Libertad Avanza ratificará la redacción del kirchnerismo de hace dos décadas.

El Ejecutivo no sólo puja con las provincias por esta propuesta. En la sesión del martes también se buscará vetar otro decreto presidencial (algo que nunca había ocurrido en la historia hasta septiembre de este año), ya que integra el temario el DNU 846/2024 que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. El Congreso no quiere darle potestades extraordinarias a la gestión nacional en esta negociación, pero observa cómo se confirman las sospechas con respecto al Presupuesto 2025: el oficialismo ya no oculta su falta de interés en aprobarlo para poder ejecutar partidas discrecionalmente.

El oficialismo tiende puentes con sus aliados para seguir avanzando con propuestas de seguridad que esta semana tendrá actividad tanto en Diputados como en el Senado. Este último recinto concentra la atención, dado que se está debatiendo en comisiones proyectos que ya tienen media sanción: uno más burocrático, como la flexibilización del registro de armas, y otro más sensible, como el proyecto bautizado como ley Antimafias. La oposición peronista, que definió no asistir a las dos últimas reuniones, no sería suficiente para evitar su aprobación. En la Cámara baja ingresa una discusión con claro patrocinio del Ministerio de Seguridad: la reforma del concepto penal de legítima defensa.

Con menor estridencia, y alineado en algunas temas de agenda con la gestión libertaria, diputados referenciados con el massismo de Unión por la Patria empujan una agenda de debates vigentes y urgentes: la legislación para apuestas virtuales, además del marco normativo de sus publicidades en plataformas y transmisiones deportivas. El mismo miércoles, en un plenario en donde se conjugarán miembros de cinco comisiones, comenzará a discutirse una estrategia integral para el abordaje de consumos problemáticos en las juventudes.

Ya descartada la puja entre Casa Rosada y la CGT, lo que implicó que La Libertad Avanza le quite su respaldo al radicalismo para la reforma de democracia sindical, la Comisión de Legislación del Trabajo continúa con una agenda tan conflictiva a nivel gremial como influyente en el futuro de trabajadores y empleadores: la modificación de los artículos de la ley de Contrato de Trabajo que abordan las indemnizaciones.

Fuente: Ámbito