Tal como había anticipado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diez días atrás, el Gobierno declaró “organización terrorista” a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Según justificaron, actúa en “coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía”, y mencionaron a los incendios en el sur, sobre los cuales indicaron que el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, los reivindicó.
Bajo este contexto, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 210/2025, en la se estableció: “Declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del decreto N° 918/2012 y sus modificatorios para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“.
Desde el Gobierno señalaron que la RAM actúa en sintonía con la Coordinadora Arauco Malleco (MAC) y que representa una amenaza “seria y multifacética” para la seguridad nacional. Además, resaltaron: “Desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas, muchos de los cuales se incluyen en un listado adjunto. Tal listado es el que surge, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror”.
En el documento se detalló que la cantidad de incendios en bosques en el sur, principalmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, fue aumentando y se especificó que en muchos de esos casos se iniciaron de manera “intencional” y abundan denuncias al respecto. “La complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”, consideraron y agregaron que el orden público le demanda al Estado que intervenga y otorgue respuestas urgentes porque existe una “amenaza grave” para la seguridad en el país.
“Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines. La colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”, cerraron.
La medida había sido anticipada por Bullrich diez días atrás, luego de que Jones Huala reivindicara “los sabotajes y los atentados incendiarios”, así como también “la lucha armada” en medio de la tensión que se está viviendo en la Patagonia. Fue en la presentación de su nuevo libro que el líder de la RAM apoyó “la acción” de la “Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu”, la cual se adjudicó el ataque a una estancia en cercanías de Esquel.
Acto seguido, la ministra comentó que en el gobierno de Javier Milei no hay lugar para “la violencia, ni para los criminales, ni para los terroristas” y expresó: “La semana pasada lo dejaron suelto después de intentar robar autos. Ahora, Jones Huala reivindica la lucha armada y los atentados cometidos contra particulares, así como los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén”.
Fuente: diario La Nación