El Ejecutivo logró "bozal" legal para audios por presuntas coimas y pidió investigar un supuesto complot en su contra.
El fiscal Carlos Stornelli pidió este martes investigar la denuncia del Gobierno por los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada que se atribuyen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas. En consecuencia, no va a pedir allanamientos a periodistas ni medios como había pedido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“En primer lugar, debo decir que en la investigación no se podrá hurgar en las la fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”, sostuvo el fiscal.
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal “con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral”. Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Stornelli no emitió opinión sobre el sustento de la denuncia del Gobierno, pero sí considera que los hechos denunciados son lo suficientemente graves y verosímiles como para iniciar una investigación judicial. Señala que “no puede descartarse, sino más bien presumirse, la ilegitimidad legal de los audios” y que “estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”. Esto refleja que, según su análisis, hay elementos suficientes para sospechar la comisión de delitos.
Solicita que se dispongan las medidas de prueba requeridas y que se proceda conforme al artículo 193 del Código Procesal Penal de la Nación, lo que refuerza su postura de que la denuncia amerita ser investigada formalmente.