Donald Trump oficializó un arancel del 50% a todas las importaciones desde Brasil

Estados Unidos anunció un arancel del 50% para todas las importaciones provenientes de Brasil, en respuesta a lo que calificó como una “persecución política” contra el exmandatario Jair Bolsonaro y sus simpatizantes. La medida, que entrará en vigencia en los próximos siete días, fue oficializada a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, según informó la Casa Blanca.

El documento acusa al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de liderar una campaña de censura, intimidación y enjuiciamiento de opositores, incluyendo ciudadanos y empresas de origen estadounidense. Desde Washington sostienen que hubo incluso congelamiento de activos, amenazas a compañías norteamericanas y procesos penales contra residentes en EE.UU. por expresiones emitidas fuera del territorio brasileño.

Brasil es una de las economías más fuertes de América Latina y el principal socio comercial de Argentina. Bajo ese marco, la imposición de un arancel del 50% sobre sus productos representa un impacto significativo para la región, afectando no solo a Brasil sino también a países vecinos vinculados a su cadena productiva.

Asimismo, anunciaron sanciones contra de Moraes, aplicadas bajo la llamada ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo de Estados Unidos imponer castigos sin necesidad de una condena judicial previa.

Las mismas incluyen el congelamiento de activos vinculados a Moraes en territorio estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras que involucren el sistema bancario de EE.UU. y restricciones en el uso de servicios digitales como Gmail, YouTube y Google Pay.

Esta ley, promulgada en 2012 para sancionar violaciones a los derechos humanos, fue ampliada a fin de alcanzar a personas en todo el mundo acusadas de corrupción o abusos, aunque en este caso su aplicación a Moraes resulta polémica para algunos expertos, ya que no existen acusaciones de corrupción en su contra y sus decisiones cuentan con el respaldo del Tribunal Supremo brasileño.

Fuente: Ámbito