Discapacidad en crisis: aumentan las deudas con los prestadores y se recortan los servicios

La crisis en el área de discapacidad se profundizó en la gestión de Javier Milei y ayer hubo una protesta a nivel nacional que tuvo su correlato en Bahía Blanca.

El principal reclamo es que se declare la emergencia en discapacidad para comenzar a solucionar los graves problemas que atraviesa el sector y garantizar la atención de las y los pacientes.

Bárbara Albanese, Lic. en Psicopedagogía, explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos que se trata de una lucha por los derechos de las personas con discapacidad, las familias y los prestadores que lleva varios años.

Planteó, para entender la magnitud de la crisis, que hay prestaciones que a cinco meses de 2025 aún no fueron autorizadas y en cuanto a los pagos las obras sociales mantienen deudas con las y los prestadores desde hace varios meses. En su caso aguarda el pago de prestaciones realizadas desde agosto del año pasado.

“Con la marcha de ayer buscamos darles voz a las personas que no pueden salir a reclamar. Los que más pierden con esta situación son las personas con discapacidad que no pueden contar con calidad de vida”, advirtió.

Entre las prestaciones se encuentran kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología y acompañamiento terapéutico y alertó que muchas familias si sus obras sociales no se hacen cargo de los tratamientos no pueden continuarlos.

En los últimos meses, precisó, la situación se ha complejizado y prestadores comenzaron a dejar de atender a personas con discapacidad. 

Albanese remarcó que la actual crisis es producto de las malas políticas y los ajustes presupuestarios que vienen aplicando los distintos gobiernos desde hace al menos diez años. “Los fondos no alcanzan”, insistió. 

La manifestación de ayer se da en la previa del inicio en el Congreso de la Nación del debate del proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.

La Ley de Emergencia en Discapacidad también contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos de servicios y el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad.