Dato mata relato (III)

Fuera del debate parlamentario y político del proyecto de Ley de Modernización Laboral, se cuentan 6 millones de trabajadores que están en negro y por ello fuera de toda cobertura, mientras del lado de los registrados, suman 11 millones, entre públicos y privados, los que aguardan para ver en qué les cambiará la vida cuando se sancionen las nuevas reglas de juego.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei, más allá de la motosierra aplicada en el sector público, en el tercer trimestre del año pasado aumentaron en 357.000 los puestos informales, en tanto en el mismo período se destruyeron 193.590 puestos de trabajo privados registrados, de acuerdo con los datos que llegaron a la mesa de trabajo de la Agencia Noticias Argentinas.

O sea que prácticamente por cada uno que quedó sin empleo, casi dos pasaron a integrar la legión de los marginales.

En el medio, en el lapso de dos años cerraron cerca de 22.000 empresas en Argentina, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), por lo que quedaron en pie 490 mil y permanecen en actividad 9.566.571 trabajadores. 

El endurecimiento de las condiciones de trabajo y el menor costo de despedir personal inmanentes a la ley en cuestión no albergan demasiadas expectativas de que se amplíe el horizonte de contrataciones en un futuro inmediato.

Y en el mejor de los casos animarán a inversores que esperan la marcha de la macroeconomía y que se introduzcan cambios en regulaciones para concretar iniciativas en danza, como en el caso de la minería, que lejos está de mover el amperímetro del empleo.

Fuente: NA