Cupón PBI: la Justicia de EE.UU falló a favor de Argentina

La Justicia de EEUU falló a favor de la Argentina en la disputa por el pago de los cupones PBI. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó la decisión en primera instancia de la jueza Loretta Preska vinculado a los datos de crecimiento del país durante el segundo gobierno de Cristina de Kirchner.

Esta misma magistrada es la que rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.

Paralelamente a la causa por el cupón PBI en EEUU existió otra en Londres, en la cual la Argentina ya fue condenada en octubre de 2024 a pagar unos 1.330 millones de euros más intereses, luego de que el país perdiera la apelación presentada ante la Corte Suprema de Gran Bretaña. En febrero de este año, bonistas ejecutaron una garantía que Argentina había depositado en marzo de 2024 por unos 313 millones de euros.

El cupón PBI de la Argentina surgió en 2005, como parte del canje de deuda tras el default de 2001. Se trata de un instrumento atado al crecimiento del Producto Bruto Interno y paga un rendimiento adicional solo si la economía crece por encima de un umbral determinado. Fue emitido junto con los nuevos bonos de la reestructuración (Boden, Discount, Par) y se colocó tanto en jurisdicción local como internacional, incluida Nueva York (EE.UU.).

En EEUU comenzó a cotizar ese mismo año (2005) como un derivado financiero vinculado al rendimiento económico de Argentina. Su precio fluctuó fuertemente con las expectativas de crecimiento del país. La causa judicial en EE.UU. por el Cupón PBI se generó porque un grupo de bonistas demandó a la República Argentina alegando que el país manipuló los datos del PBI en 2013 para evitar pagar el cupón vinculado al crecimiento económico.

En concreto, Argentina decidió no pagar ese año argumentando que el crecimiento no superaba el umbral establecido en el contrato. Pero los acreedores sostienen que el Gobierno cambió de base de cálculo del PBI (de 1993 a 2004) para simular que no se había alcanzado el crecimiento necesario, cuando con la base original sí se habría activado el pago.

Fuente: diario Ámbito