Tampoco podrá ejercer funciones públicas por 10 años. No será detenido hasta que el fallo quede firme.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó al ex fiscal Alejandro Cantaro a 6 años de prisión por tráfico de drogas.
El fallo dictado por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco señala a Cantaro como “partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito atribuido”.
Asimismo, no podrá ejercer ninguna función pública por 10 años. Ya se dictó su detención, pero no ocurrirá hasta que la resolución quede firme.
En diciembre del año pasado, la Justicia había revocado la absolución del fiscal en la causa por supuesto encubrimiento a un sobrino que integraba una banda dedicada a la venta de estupefacientes; por lo que se abría la posibilidad a un nuevo fallo.
Esa medida la dictó en su momento la Cámara Federal de Casación Penal en respuesta a una apelación del fiscal federal Gabriel González Da Silva.
En junio del 2023 el fiscal logró la absolución luego de que los mismos jueces que hoy lo condenaron hiciera lugar al planteo de la defensa, que argumentó la nulidad de la acusación del fiscal basada en la violación del principio de congruencia procesal.
En ese entonces, Cantaro habló con Frente a Cano y acusó a González Da Silva de “actuar de mala fe“.
Cuando se le consultó si creía que lo sucedido en últimos cinco años podría tener algún grado de vinculación con sus investigaciones, por ejemplo con el eventual lavado de activos por parte de actores del poder bahiens, respondió: “No me he creído tan importante como para ser víctima de una persecución, pero tampoco descarto que lo sucedido desde entonces con mi carrera y con mi vida pueda tener algún punto de contacto con la tarea que ejercía por entonces como fiscal”.
Según la investigación llevada a cabo, Cantaro habría colaborado con su sobrino Sebastián Gauna San Millán y Facundo Texido, este último ya condenado en 2020 por formar parte de una organización dedicada a la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y boliches de Bahía Blanca y Punta Alta.