Con el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 708 personas se quedaron sin trabajo

A través del Decreto 461/2025, publicado el 8 de julio en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reestructuración en el área de transporte y vialidad. 

La norma dispuso la disolución de tres organismos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (hoy medida frenada por un fallo judicial) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

Evangelina Galiani, vocera de las y los empleados autoconvocados de la ANSV, alertó que tras el cierre de la agencia 708 personas se quedaron sin trabajo y, por consiguiente, sin sustento económico.

“Estamos atravesando una situación devastadora, sin respuestas, no sabemos qué va a pasar con nosotros y los gremios estatales no se han presentado. Por eso hemos decidido autoconvocarnos, salir a buscar herramientas y a asesorarnos”, planteó en primer término.

Confirmó que realizarán dos acciones, una vía judicial con la presentación de una medida cautelar, y otra en el Congreso, exigiéndole a las y los legisladores que declaren la inconstitucionalidad del decreto.

Destacó que la ANSV es una política pública que entró en vigencia en 2008, nació a través de una ley nacional y hoy tiene alcance federal a través de las adhesiones de las provincias y de los municipios: “Lo que hace ni más ni menos es salvar vidas”.

En ese sentido, recalcó que la misión principal del organismo es reducir la tasa de siniestralidad y enfatizó que los resultados positivos están a la vista y son auditables. “Se puede ver plasmado que se ha reducido significativamente el porcentaje de víctimas fatales en todo el territorio nacional”, subrayó

Aclaró que pese a la disolución de la agencia, las y los trabajadores siguen presentándose en sus puestos para cumplir sus funciones con la esperanza de que la medida del gobierno de Javier Milei sea revertida.

En cuanto al decreto, sostuvo que es “muy corto y muy vacío, no tiene un reglamento ni una operatividad”; lo único que deja en claro, indicó, es la disolución de la ANSV y que las funciones de control y fiscalización pasan a Gendarmería Nacional Argentina. 

“Las ganas siguen intactas, pero lo que ha cambiado son nuestras caras porque estamos devastados. Sabemos que nos quedamos sin trabajo, pero a la vez tenemos esperanza de que esto se pueda revertir”, insistió.

Según expuso, desde la dirección de la agencia que dependía de la secretaría de Transporte agotaron todas las instancias para “salvaguardar esta institución”, pero no lograron que la gestión libertaria dé marcha atrás con el cierre.

Por último, informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no depende del Estado Nacional, tiene su presupuesto propio, es un ente autárquico y es solventado por todos los ciudadanos a través de sus seguros, sus pólizas y sus primas. “No hay que atacar a la institución, a esta política, ni al trabajo de los 708 empleados porque no dependemos del Estado, no somos un gasto público, todo lo contrario, salvamos vidas”, concluyó.