Comenzó una campaña de recolección de firmas para manifestar la oposición al RIGI

Organizaciones de la Sociedad Civil, muchas de ellas de nuestra ciudad y representantes de toda la costa atlántica de la Argentina, dieron a conocer un comunicado en el que rechazan enfáticamente el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

No solo eso, sino que además, hicieron una campaña de recolección de firmas por las redes sociales para oponerse y pedirle a las autoridades provinciales y al estado municipal de Bahía Blanca que no adhieran a la medida dispuesta por el gobierno nacional en la llamada Ley Bases.

Afirman, entre otros motivos, que “se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscriptos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos”.

Sostiene enfáticamente que el RIGI es contrario al rt. 42 de nuestra Carta Magna.

A todo esto, la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, también en el marco de esta campaña, tuvo una postura crítica hacia las declaraciones que ayer formuló el intendente Federico Susbilles sobre el particular.

“Repudiamos la postura del intendente de nuestra ciudad porque la adhesión de las provincias y municipios a este régimen implica la renuncia a cualquier ley, ordenanza o reglamentacón que proteja a las ciudadanos contra las consecuencias ambientales y sociales del avanca del extractivismo

“Solo es una entrega de privilegios extraordinario a los grandes capitales que se enriqucen con nuestros bienes comunes”, dicen también desde la organización bahiense.

Por otra parte califican de tremendista la frase de Susbielles sobre que sería una tragedia que la inversión finalmente no pudiera concretarse.

Este es el documento completo que circula por las redes para ser firmado:

Las organizaciones y comunidades abajo firmantes exigimos a las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales que rechacen la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluído en la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742).

Se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos. Esto incluso implicaría revisiones de los acuerdos relativos a las represas binacionales Salto Grande y Yaciretá. En materia de derechos humanos básicos se iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica.

El RIGI es contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de “no regresividad en materia ambiental”, a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza. Al mismo tiempo, se anularía la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú).

Más grave aún, ante conflictos de interés, por ejemplo de daño ambiental, se terminarían definiendo las denuncias en tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país.

El carácter inconstitucional del RIGI implica que quienes adhieran y promuevan este régimen deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias ambientales, económicas y sociales de su implementación.

Según lo dispuesto en su Capítulo XI – Artículo 224, la legislación invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”, lo que implicaría ceder parte de la autonomía de las provincias, en términos políticos, legales y ambientales. Desde el movimiento socioambiental señalamos que esos “términos y condiciones” son una amenaza para el acceso al agua, para los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales y por eso consideramos necesario mantener a nuestras localidades por fuera de sus implicancias.

Además de las frondosas facilidades impositivas y cambiarias que este régimen dispone no sólo para explotaciones por venir, sino incluso abriendo la puerta a las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula. Ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias. Asimismo, alertamos sobre la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten. Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del ministerio de seguridad, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia.

Por todo lo señalado, exigimos a las autoridades competentes que no adhieran y rechacen el RIGI.