El coordinador de la sede bahiense del Centro de Acceso a la Justicia, Julian Bonino, informó que atienden a alrededor de 400 personas por mes.
Por el momento la sede local del Centro de Acceso a la Justicia funciona con normalidad. Los cuatro empleados siguen ofreciendo asesoramiento de 8.30 a 14.30h en la oficina ubicada en Chacabuco 2250.
Lo confirmó esta mañana en Radio Altos el coordinador Julián Bonino, luego de que el Ministerio de Justicia de Nación a través de un comunicado ratificara la intención de avanzar con el cierre de 81 centros que brindan atención legal primaria fundamentalmente a los sectores más vulnerables.
“Mencionan un plan de reorganización y reordenamiento. Anunciaron el cierre de 81 oficinas de las 105 que hay en todo el país. Había 110 y ya cerraron 5. Estamos a la espera de saber qué parámetros se utilizaron para avanzar con los cierres y cuáles serán las sedes que dejarán de funcionar”, explicó.
El CAJ bahiense abrió en 2012 y actualmente cuenta con cuatro trabajadores (dos abogados, una psicóloga y un mediador). Eran cinco, pero hace dos meses despidieron a un psicólogo.
Por mes los profesionales asisten a alrededor de 400 personas que llegan a la oficina con diversas inquietudes y problemáticas, desde no contar con documento nacional de identidad hasta mamás que no saben cómo reclamar una cuota alimentaria o una mujer víctima de violencia de género que no recibe acompañamiento psicológico ni legal. “Realizamos atención legal primaria que abarca cualquier tipo de problemática que pueda tener una persona”, resumió.
Respecto a los motivos por los que el gobierno de Javier Milei cerrará los CAJ, señaló que se habla de que son “otra caja de la política”, pero aseguró que ese argumento es falso porque en estas dependencias del Estado no “manejan” recursos.
También dijo que se menciona la necesidad de realizar auditorías, pero aclaró que en los últimos seis meses no recibieron ni pedidos de informes ni visitas de auditores para interiorizarse sobre la situación de la sede bahiense.
“Todos los argumentos que se usan para avanzar en el desmantelamiento del Estado siempre son falsos”, advirtió.
Bonino estimó que el objetivo del Ejecutivo nacional es limitar el funcionamiento de los CAJ a una atención virtual y por eso dejarían abierto un centro por provincia. De todos modos, reiteró que no tienen ningún tipo de comunicación por parte del Ministerio de Justicia, del cual dependen, al respecto.