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Caso Libra: la Justicia de EE.UU. ordenó congelar U$S 280 millones
La medida fue adoptada por la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal de Nueva York, a pedido del estudio jurídico Treanor Law, que representa a un grupo de damnificados.
El escándalo en torno a la memecoin $LIBRA sumó un nuevo y explosivo capítulo: la justicia federal de Estados Unidos ordenó congelar hasta 280 millones de dólares, sospechados de ser parte de una maniobra fraudulenta tras el lanzamiento del token que el presidente Javier Milei compartió desde su cuenta oficial de X.
La decisión lleva la firma de la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, y fue publicada en el servicio público de justicia estadounidense. Además de inmovilizar los fondos, la magistrada citó a los acusados a presentarse ante el tribunal en un plazo de diez días.
La medida responde a una presentación realizada por los estudios jurídicos Burwick y Treanor, que patrocinan una demanda colectiva (“class action”) en nombre de más de 200 inversores. La acción apunta contra las empresas Kelsier Ventures, Meteora, Kip Protocol, y también contra particulares como Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow.
Según los cálculos judiciales, los acusados habrían retirado al menos 280 millones de dólares en la noche del 14 de febrero, luego del lanzamiento del criptoactivo que generó una euforia especulativa gracias a la difusión en redes sociales, principalmente por parte de Milei, a quien los demandantes señalan como un “promotor clave” (“tout”) en la causa.
El antecedente inmediato había sido el congelamiento de 57 millones en USDC detectados en dos billeteras virtuales, pero el fallo conocido ahora amplía significativamente el alcance de la medida, abarcando todos los fondos identificados como ganancias del token $LIBRA.
“Se ha ordenado a los acusados congelar todos los ingresos obtenidos por $LIBRA. Las pérdidas estimadas de las víctimas superan los 280 millones de dólares”, indicaron fuentes calificadas.
Los fondos inmovilizados están en su mayoría depositados en la blockchain Solana, en billeteras conocidas como “61y” y “Defc”, y fueron congelados a partir de una Orden de Restricción Temporal (TRO) presentada por los estudios en Nueva York. La empresa Circle, emisora de la stablecoin USDC, fue intimada a intervenir.
En paralelo, los abogados argentinos Nicolás Oszust y Agustín Rombolá también habían pedido a Circle que congele esos mismos fondos, mediante un exhorto judicial canalizado a través de la jueza federal María Servini, quien instruye la causa local. Sin embargo, la justicia estadounidense se anticipó y ejecutó la medida primero.
La audiencia que definió el congelamiento reveló otro dato significativo: ni Hayden Davis ni su familia pudieron ser localizados. Tampoco Julian Peh. Según explicaron los abogados, intentaron notificar a los acusados por correo electrónico y acudieron hasta nueve veces al domicilio en Irving, Texas, pero fueron rechazados por seguridad privada. “Váyanse y no vuelvan”, les advirtieron los guardias.
La próxima instancia clave será el 9 de junio, cuando los acusados deberán presentarse ante la justicia federal neoyorquina. La continuidad del congelamiento depende de lo que allí se resuelva.
Desde Estados Unidos, los estudios Burwick y Treanor manifestaron su deseo de unificar las acciones legales, para evitar que se superpongan reclamos entre las víctimas argentinas y estadounidenses. En Argentina, Oszust y Rombolá representan a más de 50 damnificados, mientras que la demanda colectiva en EE UU agrupa a más de 200.
Por ahora, la causa no incluye como acusados formales al presidente Milei ni a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, aunque son mencionados repetidamente en los escritos judiciales por su presunta influencia en la viralización del proyecto.
El traslado del expediente a la justicia federal de EE UU fue solicitado por uno de los acusados, Benjamin Chow, y aceptado recientemente. La causa se tramitaba hasta entonces en la Corte Suprema del estado de Nueva York.
El criptoescándalo de $LIBRA, surgido en pleno verano, parece lejos de cerrarse. Con decenas de víctimas reclamando justicia y millones de dólares en disputa, el caso promete seguir dando que hablar.
Fuente: El Día
