Casal contra Cúneo Libarona por la falta de recursos para implementar el acusatorio en Comodoro Py

Los fiscales federales habían bajado el periscopio a la espera de ver qué avances tecnológicos, de infraestructura y de personal se daban por parte del Gobierno de cara a la implementación del sistema acusatorio prevista para el 11 de agosto próximo en Comodoro Py, algo que ingresa en tiempo de descuento en 20 días hábiles, feria incluida.

Pero la alarma cundió días atrás: hubo una reunión con los representantes de todas las áreas de la administración central en la que el Secretario de Hacienda Carlos Guberman -el hombre del lápiz rojo- anunció que, por orden presidencial, todas las reparticiones deberían “reducir sus presupuestos en un 2,5%”, como mínimo, para arribar a un nuevo objetivo de recorte del déficit.

Para la Procuración General de la Nación eso tuvo un cimbronazo adicional: si el 97% de su presupuesto (ya prorrogado por segundo año) está dedicado al pago de salarios y el restante al mantenimiento de gastos, el “corte de actividades” que sugirió Economía para alcanzar la nueva meta pegaba de lleno en la implementación del sistema acusatorio, objetivo central de las partidas de fondos que se requieren a nivel judicial.

Esa situación y la bronca que se masculla contra el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona motivaron una nueva nota elevada este jueves por el Procurador General interino Eduardo Casal que, esta vez, con copia dirigida a la propia Corte Suprema. 

El telón de fondo es si se prorrogará o no la fecha prevista y ratificada por todas las áreas del Gobierno para desembarcar con el acusatorio en Comodoro Py. En la Procuración -según confirmó Ámbito- no van a mencionar nunca la palabra “prórroga”. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, si Casal no la solicita, tampoco se van a poner a la cabeza de una solicitud de extensión de tiempo. Es la palabra maldita que todos tienen entre dientes.

Así las cosas, el calendario avanza y la situación parece dirigirse a un precipicio, solo que con menos virulencia que hace dos meses, con la sucesión de notas y cartas elevadas por todos los fiscales federales que se encolumnaron detrás de Casal denunciando condiciones inapropiadas para poder implementar el acusatorio en la jurisdicción de Capital Federal, una de las más sensibles.

No está vigente la cesión del predio de la exESMA

A ese malestar se le suma lo que los fiscales entienden como un incumplimiento desde Nación: pese al anuncio con bombos y platillos de Cúneo Libarona de un edificio completo en la exESMA destinado a la Procuración para el acusatorio, al día de la fecha la cesión de ese espacio no está perfeccionada. En otras palabras, no pueden poner un escritorio. No hay papeles. Tampoco saber si el fin último del destino de ese edificio tiene obligatoriamente que ser el de instalar fiscalías o la Procuración puede mudar dependencias (como por ejemplo la DATIP) para liberar espacios más cercanos a las salas de audiencias donde se llevará adelante la actividad del acusatorio, en Retiro.

Es inviable para los fiscales el traslado permanente desde Núñez a Retiro, lo que crea un problema logístico. Mucho menos con la prohibición de que en el predio de la exESMA -algo establecido por ley- está vedado que pueda instalarse algún tipo de alojamiento de personas detenidas, lo que también crea otro problema logístico.

A la malograda cesión de esos 5 mil metros cuadrados -con el pedido calculado en 17 mil que habían diagnosticado a priori como necesario-, se denuncia que a la fecha el Ministerio de Justicia tampoco proveyó de las computadoras de alta performance que había prometido comprar con el crédito gestionado vía PNUD, que Ámbito detalló en su momento. Ni tampoco se entregaron las actualizaciones de los sistemas UFED para la extracción de contenidos de dispositivos electrónicos, como así tampoco se especificaron dónde estarán las unidades de almacenaje de elementos secuestrados bajo condiciones de seguridad.

En síntesis, la nueva nota de Casal pone de manifiesto que -basándose en la nota presentada en febrero último, antes del anuncio de implementación del acusatorio- las condiciones materiales no cambiaron un ápice. Y empeorarán si se llega a aplicar el recorte del 2,5% como pide Economía. El subtexto indica que, además, todos los anuncios realizados desde el Ejecutivo quedaron en eso, anuncios para calmar las aguas.

Por el contrario, remarcan que la Procuración llevó a cabo capacitaciones a las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Policía Federal, policía de la Ciudad, PSA y hasta miembros de ARCA. Que se hicieron las llamadas “inmersiones” y los simulacros de litigación por parte de la jefatura de los fiscales para prepararse.

Pero se encontraron con que todavía no está delineado el protocolo para el pasaje de personal entre el Poder Judicial y los Ministerios Públicos para invertir el desbalance de 3 a 1 que todavía subsiste.

Otra red flag: en las anteriores implementaciones del acusatorio para otras jurisdicciones, la Procuración agotó la dotación de Recursos Humanos que tenía disponible. No puede sumar personal.

“En línea con lo expuesto, restando menos de veinte días hábiles para la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal es que, de no compartirse el criterio antes expuesto en cuanto a los riesgos que la situación importa, le solicito tenga a bien remitir a este organismo un cuadro de situación y análisis en virtud de las obligaciones que se desprenden de las funciones asumidas por el DNU 188/24, que permita despejar o tener garantizado que, pese a las carencias apuntadas en las distintas notas y diagnósticos, estarán dadas las condiciones para poder comenzar con la aplicación del nuevo sistema procesal el 11 de agosto próximo, sin que ello, resulte un obstáculo tanto para el adecuado desarrollo de las investigaciones ya en trámite como para las que se inicien a partir de esa fecha”, es el párrafo más filoso de la nota elevada por Casal.

Leyendo entre líneas, alerta por los “riesgos” y responsabiliza por las “obligaciones” que subyacen para la cartera de Justicia luego de que se auto adjudicara la responsabilidad en el DNU que le quitó el manejo de la implementación a la Bicameral del Congreso que tenía a su cargo el acusatorio.

Los fiscales siguen por lo bajo maldiciendo el estado de situación y se ven a sí mismos cada vez más cerca del abismo que impone la fecha. Saben, también, que no cuentan con el apoyo de la Corte ni de los jueces que se encolumnaron detrás del Ministerio de Justicia, empezando por Casación y siguiendo por el Consejo de la Magistratura que le lavó la cara a las salas de audiencias en Comodoro Py para completar el checklist de necesidades formales.

En el Gobierno se defienden, tal como lo relató este diario, aclarando que el desembarco del acusatorio será “light”, que la demanda es totalmente asequible con las actuales condiciones y que todo obedece a la resistencia cultural al cambio de paradigmas. Pero por las dudas, que ellos facilitan las condiciones pero que la responsabilidad recae en la Procuración.

Todo parece emular aquella frase inmortal de Juan Carlos Pugliese, “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

Aunque algunos toman distancia de sus posibles consecuencias, la que también continúa en sigilo es la causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario que apunta contra Cúneo Libarona y que tiene a su cargo el fiscal Carlos Stornelli. 

En las últimas semanas hizo una serie de inspecciones oculares y sigue acumulando papeles acerca de la forma de diagnóstico y planificación para el desembarco del acusatorio en Py. 

La nota de Casal le vuelve a subir el voltaje a un tema que había quedado por debajo del radar, pero que puede volverse una bomba de tiempo al regreso del receso invernal.

Fuente: diario Ámbito