Desde la Red de Jueces Penales bonaerense reclaman al gobierno nacional analizar el problema del delito en los jóvenes de manera multidisciplinaria.
La Cámara de Diputados retomará este martes en comisión el debate del proyecto que busca crear un nuevo régimen penal juvenil, que incluye, la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.
Desde la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires dieron a conocer un documento en el que cuestionan la iniciativa del gobierno de Javier Milei y reclaman que la problemática del delito en los jóvenes sea abordado de manera interdisciplinaria.
“Es una medida simplista y desacertada”, aseveraron.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos la presidenta de la red, la Dra. María José Lescano, jueza del fuero penal juvenil en La Plata, planteó la necesidad de que el tema sea analizado a través de una mirada más amplia.
Si bien recalcó que es necesario que Argentina tenga una nueva ley de responsabilidad penal juvenil acorde a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, sostuvo que no solo tiene que incluir la baja de la edad de imputabilidad sino también otras cuestiones.
“El análisis debe ser realizado de manera integral con otras áreas del Estado que intervienen en la niñez. Hay que tratar cuestiones previas”, enfatizó y se preguntó por qué las niñas y niños están en las calles y no insertos en el sistema educativo, por qué tienen tanto acceso al consumo de estupefaciente y alcohol y qué tratamientos preventivos existen.
Aseguró que en muchos casos la violencia de las y los jóvenes es producto de esos consumos problemáticos y advirtió que no existen los debidos abordajes institucionales.
Además, manifestó que esa medida penal no es a largo plazo una intervención efectiva para ese niño o niña que comete delitos, sino que lo que requiere esa persona es una intervención terapéutica oportuna. “Esa etapa preventiva no existe”, se quejó.
Otra de las advertencias que realizan desde la red es la cuestión de la sobrepoblación de los espacios de detención y con la baja de la edad de imputabilidad se preguntaron dónde serán alojados las y los jóvenes. “Las reformas de ley nunca están acompañadas de un análisis presupuestario de los costos”, cuestionó.
Insistió en que el énfasis debe ponerse en las intervenciones previas y que es primordial el diálogo, escuchar las necesidades de quienes están desamparados, que no tienen contención social y que no asisten a la escuela.
“Es necesaria una nueva ley, ojalá que el debate sea más profundo y que no se detenga solo en la baja de la edad de imputabilidad”, volvió a pedir.