El señalado como presunto jefe de la organización detrás del atentado, acusado además de esconder prueba incriminatoria, continuará con prisión preventiva.
La Cámara Federal porteña denegó este martes el beneficio de la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de tratar de esconder prueba incriminatoria, informaron fuentes judiciales.
Los jueces del tribunal de apelaciones confirmaron la decisión que había tomado la jueza federal María Eugenia Capuchetti cuando rechazó la excarcelación del cuarto detenido en la causa en la que se investiga el intento de homicidio perpetrado el 1° de septiembre último.
Carrizo está detenido desde el miércoles 14 de septiembre y se hizo conocido dos semanas antes, cuando acompañó a Brenda “Ámbar” Uliarte, procesada por tentativa de homicidio, durante una entrevista que le concedieron al noticiero del canal Telefé junto con los otros integrantes del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve que ambos integraban.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña aseveraron que la eventual recuperación de la libertad por parte del imputado podría poner en riesgo la investigación que se encuentra todavía en una etapa en la que se busca determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.
“Se verifica la existencia de peligros procesales que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el fallo de siete páginas al que accedió Télam.
“Se encomienda a la magistrada de grado a que -con la premura que exige el caso- decida la situación procesal del encartado, avance este que eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado, ponderando situaciones fácticas y probatorias no abarcadas en el marco de un planteo excarcelatorio como el aquí analizado”, enfatizaron los jueces.
El juez Mariano Llorens, por su parte, votó en la misma dirección que sus colegas y resaltó que “aún restan realizar medidas de prueba -tales como peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, etc- todo lo cual permitiría terminar de esclarecer los hechos objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas en aquellos”.
“Ello me conduce a presumir que, en caso de recuperar su libertad, el encausado podría entorpecer la pesquisa y obstaculizar su avance”, concluyó Llorens.
Carrizo fue imputado por el fiscal Carlos Rívolo de ser partícipe necesario en los delitos de homicidio en grado de tentativa, agravado por haberse cometido con alevosía, premeditación y por el empleo de un arma de fuego, y por la supuesta falsificación de documentos públicos.
La Cámara Federal decidió rechazar la excarcelación de Carrizo horas después de concretada la audiencia, de la que participó, de modo virtual, el propio imputado.
“Soy de hacer jodas muy pesadas”, sostuvo Carrizo cuando el tribunal le cedió la palabra, en un nuevo intento de sostener que los mensajes que envió minutos después del fallido atentado, en los que hacía referencia a un plan para matar a la Vicepresidenta eran parte de una broma que le jugó a su hermanastra.
Instantes antes, su abogado defensor, Gastón Marano, reclamó su excarcelación bajo el argumento de que siempre estuvo a derecho, entregó su celular y la clave de acceso de forma voluntaria y no intentó darse a la fuga.
Ante el primer planteo que había hecho Carrizo en busca de recuperar la libertada, Capuchetti había remarcado la existencia de riesgos procesales concretos que se desprendían de la propia actitud del imputado, según surge en constancias de la investigación.
Fuente: Télam