Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, aseguró que la entrega de las 140 hectáreas es legal.
En los últimos días se generaron cruces entre el gobierno de Mar del Plata y Nación por la cesión de tierras fiscales a una asociación civil para un proyecto agroecológico.
Se trata de 140 hectáreas ubicadas al sur de la localidad balnearia que fueron entregadas en custodia por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) a la agrupación Tercer Tiempo que planea producir allí alimentos agroecológicos.
Esta mañana la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, aseguró en Radio Altos que la cesión de los lotes es legal y negó que se trate de una cuestión partidaria que busca beneficiar al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, como se planteó desde algunos sectores, entre ellos Juntos por el Cambio.
“En febrero la ABBE cedió en custodia por 180 días a la asociación civil Tercer Tiempo 140 hectáreas que están abandonadas en el sur de Mar del Plata. Es una zona de seguridad nacional, son tierras fiscales, no enajenables”, precisó.
Agregó que en ese lapso de seis meses la agrupación en conjunto con profesionales de universidades nacionales y del CONICET con los que están trabajando tendrá que elaborar el proyecto de qué uso harán de las tierras, que luego será evaluado por el gobierno nacional para su aprobación.
Recordó que se trata de 140 hectáreas que se encuentran frente al mar y que en 2016 el por entonces presidente Mauricio Macri pretendió vender, pero no pudo porque al tratarse de “zona de seguridad nacional” es inconstitucional comercializarlas.
La funcionaria nacional recalcó que la cesión de las tierras a la asociación civil no implica que ésta sea la próxima dueña de los lotes: “Esas hectáreas seguirán perteneciendo al estado nacional”.
Insistió en la legalidad de la custodia de los terrenos cedida por la ABBE y en que se trata tierras fiscales que están abandonadas y ociosas y que pasarán a ser custodiadas por una agrupación dedicada a la producción de alimentos para comercializar en el mercado interno. Defendió que los lotes tengan ese destino y no uno de negocios inmobiliarios o turísticos. “Que estén custodiadas impide ocupaciones ilegales”, agregó.
Una de las denuncias que se planteó en los últimos días es vecinas y vecinos de La Matanza se instalarían en las tierras en conflicto. “Qué atrocidad que se discrimine a gente que quiere producir las tierras, producir alimentos para el mercado interno”, respondió Carpineti.