Marcelo Hertzriken Velasco es el abogado que presentó la denuncia contra los funcionarios judiciales que viajaron a Lago Escondido a principios de octubre y que luego, de acuerdo a los chats y audios que se filtraron, intentaron ocultar quién pagó todos los gastos.
Esta mañana en Radio Altos el letrado confirmó que ayer la Justicia rechazó su pedido de ser querellante y que esa resolución ya fue apelada.
Ante la Fiscalía Federal de Bariloche solicitó la detención de los denunciados por el encuentro en la mansión de Joe Lewis que no tienen fueros y de aquellos que sí los tienen que se arbitren las medidas necesarias para proceder al desafuero.
“Se hizo visible el mal funcionamiento del tráfico de influencias. El fuero federal es una agencia de tráfico de influencias. No es algo nuevo, lo novedoso es la característica de impunidad que van asumiendo magistrados”, sostuvo.
Habló de que hubo en Lago Escondido un encuentro de fidelización y de camaradería. En particular mencionó al juez Julián Ercolini que, señaló, pasó de ser empleado en un Juzgado Federal de Morón a vivir en una “de las mansiones más importantes de Argentina y a ser trasladado en helicóptero”.
No dudó en que los magistrados que participaron del viaje a Lago Escondido serán imputados y argumentó que violaron artículos de la Constitución Nacional entre ellos el que les prohíbe tener reuniones como la que se concretó en la mansión de Lewis y recibir regalos.
“Tanto influyen las decisiones de estos jueces en la vida de las personas. Hay un programa de fidelización y de reciprocidad y viven en primera clase a costa de la vida cotidiana de los argentinos”, criticó.
El abogado le pidió a la Justicia la detención del administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar, del especialista en comunicación, Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín, Pablo Casey, y del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.
Y el desafuero de los jueces Julián Ercolini, de Comodoro Py; Carlos Alberto Mahiques, presidente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9; y Pablo Yadarola, juez del Juzgado Penal Económico N° 2.